La Junta descarta construir una residencia pública para mayores en Ponferrada
El gobierno municipal tratará de consensuar con la oposición el pliego de condiciones que pondrá 10.000 metros cuadrados de terreno público a disposición de la iniciativa privada
La Junta descarta financiar la construcción de una residencia pública de la tercera edad en Ponferrada debido a las dificultades económicas que atraviesa la administración, ha avanzado hoy el concejal de Acción Social de la capital berciana, Luis Antonio Moreno (PP).
El edil se pondrá en contacto con los grupos de la oposición- PSOE e Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP)- en los próximos días con la intención de consensuar el pliego de condiciones que pondrá a disposición de la iniciativa privada 10.000 metros cuadrados de terreno público ubicado en el barrio de La Rosaleda para la construcción y posterior explotación del inmueble, que ofertará un mínimo de 70 plazas.
Se mantiene así la idea inicial del proyecto que se había dejado sobre la mesa de la última Comisión Informativa de Acción Social después de que el Partido Socialista lograse del equipo de gobierno municipal el compromiso de instar a la Junta la creación de una residencia pública en la zona.
La intención del Partido Popular es que el pliego salga adelante este mismo mes de cara a sacar a concurso la construcción del edificio en el menor tiempo posible.
El Ayuntamiento de Ponferrada cederá la parcela por un periodo de 75 años con la intención de que, además de la residencia, la empresa que finalmente se haga con la concesión destine parte del terreno a otros usos de carácter social previamente autorizados por el consistorio.
Las ofertas que puedan presentarse deben incluir el anteproyecto de un edificio acorde a la estética de la zona y con dotaciones que permitan prestar todos los servicios que estipula la nueva ley de Servicios Sociales de la Junta, administración que, eso sí, concertará un 40% de las plazas en virtud del convenio firmado en 2011 con el consistorio ponferradino.
Las estimaciones que maneja el Equipo de Gobierno apuntan a que las instalaciones podrían estar en funcionamiento en el plazo de tres años.