La Junta busca una ubicación para alejar al celador de Ancares del monte
La delegación de León debe diseñar la propuesta para que la ratifique Medio Ambiente.
Alberto García (izquierda) , a la salida del juzgado de Ponferrada el pasado mes de junio.
La Junta de Castilla y León ya trabaja para buscar una nueva ubicación laboral para el celador de Ancares, que presuntamente quemó el año pasado 305 hectáreas, con el objetivo de cumplir el auto de la Audiencia provincial de León que ha emitido una orden que impide a Alberto García estar a menos de 500 metros de cualquier monte público. Así lo han confirmado tanto el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, como el delegado territorial de la Administración autonómica en León, Guillermo García, quienes han valorado positivamente la medida.
«Corresponde al delegado territorial de León concretar qué funciones podrá continuar desarrollando y cuáles no», explicó De Santiago Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde reiteró «el máximo respeto» a la orden de la Audiencia, que estimó el recurso presentado por la Junta a la sentencia del juzgado número 8 de Ponferrada, donde se consideró en primera instancia que el Código Penal no permitía el alejamiento preventivo del celador. La petición de la Junta también consideraba la posible suspensión en funciones del celador, aunque en la Audiencia tan sólo ha considerado la orden de alejamiento, por lo que tendrá que reubicar al celador.
El delegado de la Junta se reunió ayer por la mañana con el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, con el letrado jefe y con la secretaria territorial para analizar qué posibilidades existen para ejecutar el auto, aplicando las medidas administrativas y funcionales que permitan cumplirlo. Durante el encuentro se abordaron las funciones laborales del celador, para determinar —acorde con su categoría profesional— cuál sería el trabajo que podría desempeñar. García apuntó que en la comarca del Bierzo, que cuenta con extensas zonas verdes y boscosas, se complica el cumplimiento de la orden y que entre las opciones que se barajan está el trabajo en una oficina. El objetivo es concretar cuanto antes un nuevo destino para el celador, para aplicar la medida de carácter cautelar «que estará vigente mientras se tramita la causa», como recordó el delegado de la Junta, tras precisar que desde la delegación se recurrió a los juzgados porque la medida administrativa para suspenderle de empleo tan sólo contempla un margen de seis meses, que ya se cumplió, por lo que que era necesario devolver la tranquilidad a los pueblos de la zona.
Una vez que la delegación territorial determine el nuevo puesto del celador de Ancares —que ayer mismo se estaba ya perfilando— se trasladará la propuesta a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente para que ratifique y autorice la medida, como competente en esta materia relacionada con personal del área.
«Si se acerca a menos de 500 metros de un monte de utilidad pública estará incumpliendo con la orden», remarcó García para insistir en que desde la Junta de Castilla y León se cumplirá estrictamente con la sentencia de la Audiencia Provincial de León. En la orden se indica que resulta «procedente la adopción de la medida» y se considera «oportuna o útil, por cuanto nada parece más lógico existiendo indicios de que ha puesto fuego a un monte». Así, la medida se toma para «preservar el bien jurídico de la seguridad colectiva y la integridad de las masas forestales».