El celador pide al juez que flexibilice el alejamiento para vivir en Candín
Argumenta que al viajar en coche y trabajar, pasa cerca de los montes públicos.
El celador, tras comparecer en los juzgados el pasado mes de junio.
El abogado del celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado de incendiar el monte se ha dirigido al juez de Ponferrada que instruye la causa para pedir aclaraciones sobre el grado de flexibilidad de la orden de alejamiento de 500 metros de los montes de utilidad pública que pesa sobre su cliente. El letrado de Alberto G.G argumenta que el imputado reside en Candín con sus padres y que simplemente con salir a la calle o para acudir a su trabajo de oficina que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a asignarle tras cumplir el periodo máximo de suspensión temporal de empleo, necesita transitar por carreteras que pasan a menos de los 500 metros de los montes de utilidad pública que marca la orden de alejamiento.
El juzgado tiene la petición desde finales de julio y la acusación popular todavía no tenía constancia ayer de que hubiera resuelto la petición en ningún sentido. A punto de cumplirse un año desde el incendio que calcinó 305 hectáreas en Porcarizas el pasado 17 de octubre y desde la detención del celador, unos días después, la causa avanza con lentitud y el juzgado todavía no ha concluido la instrucción de un caso que ha creado alarma social en todo el entorno de la Reserva de Caza y que de seguir el procedimiento, podría acabar con Alberto G.G. ante un jurado popular.
La orden de alejamiento de los montes de utilidad público fue concedida a la Junta de Castilla y León, personada en la causa como principal perjudicada, por la Audiencia Provincial de León a mediados de julio, después de que el juzgado número ocho de Ponferrada, que instruye la causa, la rechazara por entender que el Código Penal no amparaba la medida.
Trabajando desde junio
La orden de alejamiento está vigente mientras dure la causa judicial contra el imputado, en libertad tras haber pagado 10.000 euros de fianza y deja claro al celador que en caso de incumplirla estará quebrando el Código Penal.
El celador se reincorporó al trabajo en la Junta de Castilla y León el pasado 9 de junio, después de cumplir el periodo máximo de seis meses de suspensión de empleo tras su detención.
El celador de la Reserva de Caza siempre ha negado ser el autor del incendio por el que ha sido detenido. Argumenta que se encontraba tomando café con una vecina de Villar de Acero en el momento del incendio. Otros testigos, sitúan su vehículo en la zona donde se propagó el fuego.