Nuevo revés al convenio para modernizar el riego
La junta de gobierno del Canal Bajo vuelve a poner reparos al acuerdo.

Una imagen del Canal Bajo del Bierzo, en la zona urbana ponferradina de Cuatrovientos.
Como en el cuento de nunca acabar. La junta de gobierno del Canal Bajo del Bierzo, después de que su presidente acercara posturas el lunes con Acuanorte para cerrar un acuerdo que permita la modernización del regadío y no perder eurosubvenciones por 12 millones de euros antes de fin de año, volvió el jueves a decir «no». Los representantes de los principales pueblos que fertiliza el canal informaron negativamente el último convenio remitido por Acuanorte para cerrar la financiación con los ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo, y también con la Junta de Castilla y León.
Lo confirmó el propio presidente de la comunidad del Canal Bajo, Lorenzo García. En el convenio, al parecer, no se ofrecen las garantías definitivas sobre la campaña de riego durante la prolongación de las obras e incluso se recoge una cláusula relativa a que si antes de finales del 2015 no estuvieran listas todas las infraestructuras, las pendientes deberían costearlas los comuneros. Esa es la versión que detalló García sobre la oposición de los miembros de la junta de gobierno. También indicó que no se cifra exactamente el coste, aunque es bien sabido que el proyecto ronda los 27 millones de euros, de los que casi 20 procederían de subvenciones.
Junta general, ya
No es, con todo, la última palabra de los regantes. El nuevo presidente del Canal Bajo, que se elegirá precisamente mañana domingo, tendrá que convocar una junta general extraordinaria urgente para que sean finalmente los comuneros —más de 6.600— los que puedan votar a favor o en contra. En todo caso debería ser antes de finales de este año. La propia presidenta de Acuanorte ha ratificado que si el convenio entre las partes no se firma se perderán todas las subvenciones y una oportunidad histórica para modernizar la principal arteria de regadío de la olla berciana.
Por eso, ante las constantes reticencias de los dirigentes del Canal Bajo, las asociaciones de agricultores con más peso ya han exigido que no se torpedee más el convenio. Entre otras razones porque económicamente la aportación extra que tendrían que realizar anualmente para costear unos dos millones de euros serían mínimas.