Un rosario de pruebas del delito
Los magistrados citan como cargo desde las visitas de empleados de Martínez a. las plantas hasta los 61 detonadores explosivos y 50 metros de mecha intervenidos.

El empresario José Martínez Núñez, en una de sus comparecencias en el juzgado de Ponferrada.
Los tres magistrados de la Audiencia indican en su fallo que la participación de los acusados en los hechos declarados probados «se evidencia a la luz del siguiente material indiciario». En primer lugar señalan que tan pronto Sindo Castro «efectúa los primeros movimientos para implantarse en el Bierzo para producir hormigón» recibe la visita de dos empleados de Martínez Núñez, uno de ellos, Jesús San Miguel, le deja incluso su tarjeta en condición de director general de la división de áridos y hormigones. El motivo de la visita, se dice en la sentencia, no fue otro que «persuadir» a Castro para que no abriese negocio en el Bierzo.
En septiembre de 1995, un guardia civil de Ponferrada se desplazó dos veces a la planta de Sindo en Las Ventas de Albares y en compañía de Juan Álvarez Monje, «conocido como Juan el Moro», sometió al encargado a un interrogatorio sobre el negocio del empresario maragato, por lo que la Sala «considera evidente la vinculación de Monje con el grupo» Martínez Núñez.
Los registros en los domicilios y dependencias de los hermanos Pintado Palomo, unido a su inicial negativa a reconocer su relación con Martínez, pero «rendidos a las evidencias que proporcionaron los registros, ambos reconocieron abiertamente ser colaboradores habituales del Grupo Martínez Núñez». Y además, pesan también el material intervenido en sus propiedades, como «varias camisetas y un mono de trabajo con el anagrama de su grupo de empresas, cuatro sellos serigrafiados del mismo grupo empresarial, 61 detonadores eléctricos y 50 metros de línea de tiro aptos para ser activados». Este material lo relacionan los magistrados «con el ataque a la primera planta, instalada por el denunciante allende el Manzanal», donde se emplearon artefactos explosivos «para inutilizar las tolvas (eje de producción del hormigón) y el puente del chasis del camión estacionado en la planta». Se cita igualmente el informe del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, que dice que los artefactos «fueron activados mediante dispositivos eléctricos conectados al explosivo por una línea de tiro».
Aparece también un listado de encargo de clientes de los Pintado, en los que «aparece repetidamente José Martínez Núñez». «Todo ello nos invita a una elemental reflexión: el carácter selectivo de los ataques», se indica en la sentencia.
Igualmente se cita la carta del venezolano Rafael Wolfran, que «constituye un hecho base suficientemente sólido para concluir que los Pintado Palomo, inducidos por Martínez Núñez, encargaron a Wolfran la ejecución material de los hechos».