La Junta multa a Igüeña por incumplir el plan del Conjunto Histórico de Colinas

El Ayuntamiento de Igüeña deberá pagar una multa de 400 euros —sanción rebajada después de un proceso de alegaciones—por incumplir reiteradamente el plan de protección del Conjunto Histórico de Colinas del Campo en los últimos años. La sanción impuesta por la Comisión Territorial de Patrimonio, según reconoció ayer el alcalde, Alider Presa, supone un toque de atención al Ayuntamiento para que desautorice las obras emprendidas por aquellas particulares que emprendan la rehabilitación de viviendas o la construcción de edificios nuevos sin usar los materiales incluidos en el plan de protección, como la piedra autóctona, y para que comunique a la administración autonómica todas las licencias que conceda, algo que no se estaba haciendo en ningún caso.

Colinas es el único pueblo del municipio de Igüeña que ha crecido en habitantes desde que a mediados de los años noventa la corporación presidida por Laudino García solicitara y obtuviera la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico Artístico para todo el pueblo. La localidad, que apenas tenía una veintena de vecinos, ha multiplicado por cuatro su población y cuenta con tres negocios hosteleros, incluyendo un antiguo bar reabierto recientemente. «Colinas aporta mucho a Igüeña», reconoció Presa, valorando el atractivo turístico de la localidad en un municipio que sufre una despoblación galopante con la crisis de la minería. Pero la «rigidez» del plan de protección», insistió el regidor, es un problema para sus habitantes. «Es imposible encontrar piedra de la zona. Del monte no se puede coger porque es intocable y sólo se puede comprar una casa en ruinas para aprovechar sus materiales», explicó. Tanto es así, que a lo largo del proceso sancionador que ha culminado con la multa —se empezó barajando una sanción de entre dos mil y tres mil euros— el Ayuntamiento ha llegado a plantearse solicitar la desincoacción de la declaración de Conjunto Histórico. Ayer, sin embargo, Presa no quiso ir tan lejos. «Es verdad que nos hemos planteado dejar de tener protección, porque los beneficios son muy pocos y no hay ayudas económicas», afirmó antes de pedir al menos un acuerdo para rebajar las normas. «Hay que abrir un poco la mano y permitir el uso de otro tipo de piedra, aunque se mantengan la colocación a la manera tradicional», apeló.