La promotora de la torre de La Rosaleda debe pagar 72.800 euros a sus vecinos
La comunidad gana la primera denuncia por los impagos y los cortes de luz del 2010.
La torre preside el barrio más nuevo de la ciudad y es visible desde cualquier punto.
La comunidad de vecinos de la torre de La Rosaleda (Ponferrada) ha ganado la primera batalla contra la promotora del edificio, Hogalia, por el impago de las cuotas pendientes de pago del año 2010. Una sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 obliga a la compañía, que gestionaba una serie de inmuebles en alquiler que posteriormente traspasó a Desarrollos Almaguer —afín a ella—, a pagar más de 72.800 euros por los gastos de electricidad y funcionamiento de las zonas comunes que nunca abonó. Ahora, Almaguer deberá hacerse cargo de la deuda, pues es ella la que gestiona el alquiler de 70 pisos de la torre que permanecen vacíos e hipotecados.
Esta sentencia es sólo la primera de tres. Y es que los vecinos del edificio más alto de Castilla y León aguardan la resolución de una denuncia similar correspondiente al 2011, mientras ultiman la presentación de la demanda por los impagos del 2012, tal y como avanzó el abogado y afectado, Jorge Félix Ordíz. En total, la promotora debe a la comunidad más de 218.000 euros que han puesto en serios aprietos a los residentes. Especialmente crítica fue la situación vivida el pasado verano, cuando Unión Fenosa cortó la luz por impago y muchos de los vecinos tuvieron que abandonar temporalmente el edificio a oscuras, con las bombas de achique de agua desconectadas y sin ascensor para un inmueble de más de cien metros de altura y 30 plantas.
Imposibilidad de cobro
Así, aunque el abogado de la parte demandante mostró ayer su satisfacción porque finalmente la justicia ha dado la razón a la treintena de vecinos que mantienen con vida el gigante de hormigón ponferradino, reconoció que cobrar la deuda es mucho más complicado. Todos los bienes de Desarrollos Almaguer están hipotecados y la empresa no tiene liquidez. «Tiene un plazo de 20 días para pagar, pero como la previsión es que no lo haga, iremos a una investigación de bienes para ver si tiene algo libre de cargas», explicó Ordíz, avanzando que el proceso será largo.
La mejor solución para los afectados sería que el banco se hiciese cargo de los pisos cerrados, porque así debería correr con todas las deudas que se han generado.