Los recortes sólo restan a 60 personas en 6 meses de la lista de dependientes
El PSOE presenta una proposición de ley en las Cortes para garantizar el servicio.
Marta Olmedo, Jorge Félix Alonso y Ángela Marqués, ayer en la sede del PSOE en Ponferrada.
El número de bercianos que reciben prestaciones por la Ley Dependencia se ha reducido en 60 personas en los últimos seis meses debido al recorte sobre recorte que está aplicando la Junta de Castilla y León, según denunciaron ayer la secretaria autonómica de Políticas Sociales del PSOE, Marta Olmedo y el portavoz del partido en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidad de las Cortes, Jorge Félix Alonso. Los socialistas presentarán una proposición de ley en la sesión plenaria que hoy y mañana celebrará la cámara autonómica con medidas que garanticen el mantenimiento del sistema de dependencia, que en el Bierzo beneficia a 2.600 usuarios que han visto cómo se reducían de forma drástica sus prestaciones.
«Es una voladura de la dependencia», se quejó Olmedo, lamentando que los recortes del Gobierno central y los añadidos por la Junta estén dejando en 30 euros mensuales lo que perciben muchos de los cuidadores, que además de quedar excluidas de una plaza pública en una residencia tienen que soportar las críticas por supuesta falta de profesionalidad por parte del Ejecutivo autonómico, empeñado en justificar así, según los socialistas, la reducción del presupuesto.
Castilla y León está destinado hasta 58 millones de euros menos al sistema de dependencia, lo que según Olmedo, ha supuesto la pérdida aproximada de 1.500 empleos y que en la actualidad, haya 1.100 usuarios menos en la comunidad desde el mes de agosto, 60 de ellos en el Bierzo. «La Junta ha endurecido las medidas del Gobierno», se quejó la responsable socialista. «El sistema se muere de inanición»
Los socialistas denunciaron además el retraso de 10 meses en recibir la prestación reconocida. «Hay resoluciones reconocidas en abril y todavía no han empezado a pagarlas», denunció Jorge Félix Alonso.
El PSOE también lamentó que la nueva normativa compute ahora el patrimonio del beneficiado a la hora de acceder a una plaza pública en una residencia. «Hay personas que pasan de pagar 450 euros al mes a 750 euros en un centro público», se quejó, advirtiendo de la «alarma social» que está creando y del aumento de las personas que renuncian a los servicios sociales porque no pueden costearlos.
Alonso también negó que el PSOE esté en contra de las empresas privadas que trabajan en el sector, a las que considera igual de necesarias. «No estamos en contra de los trabajadores profesionales como quiere hacer creer la Junta», puntualizó en una rueda de prensa donde la procuradora berciana Ángela Marqués introdujo a sus dos compañeros.