El Ayuntamiento solicita un informe de Hacienda para disolver Pongesur

Pongesur, la empresa municipal de Ponferrada que ha venido gestionando el suelo urbanizable del Ayuntamiento, celebró ayer junta general de accionistas. En ella se tomaron dos decisiones. La primera fue la de consultar al Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, «las consecuencias fiscales» antes de tomar cualquier decisión encaminada a la disolución de esta sociedad pública municipal. La segunda decisión fue nombrar a dos representantes del Ayuntamiento de Ponferrada como interventores de todo el proceso que tengan que devenir de la planteada disolución. Estas dos interventores municipales designados fueron Neftalí Fernández, por el PP, y Fernando Álvarez por el PSOE.

La pretensión es zanjar Pongesur, pero se plantea desde el azote de la crisis económica el elevado coste que podría suponer su disolución. Incluso se ha hablado de un pago de medio millón de euros para poder disolverla y permitir que todos sus activos pasen a engrosar el inventario directo del propio Ayuntamiento.

Desde el grupo socialista —en otros mandatos del PP fuera de Pongesur por decisión propia y ahora dentro con la llegada del equipo que dirige Samuel Folgueral— se dijo que precisamente su participación estaba fundamentada en lograr la disolución de Pongesur. Se quejaron de que el proceso se está alargando, pero también optaron en el momento de la votación por sumarse al PP para solicitar el informe de la Agencia Tributaria, en el que se espera que detalle todos los costes, los pros y los contras, de la desaparición de la empresa municipal del suelo, Pongesur. En este caso, en la junta de accionistas de ayer, el grupo de IAP optó por la abstención, frente al «sí» del PP y PSOE.

Desde la oposición socialista pusieron el acento también en cómo quedará la sociedad municipal Altura, en qué pasará con las cuestiones jurídicas pendientes de Pongesur, cómo quedan los alquileres y la clave de todo ello, a qué está sujeto fiscalmente el traspaso de activos desde la empresa municipal al Ayuntamiento con la desaparición de la primera. La junta de accionistas terminó con la citada designación de interventores para su aprobación posterior en los términos que marque la ley. A la espera de que la Agencia Tributaria aporte desde el Ministerio de Hacienda un informe sobre las consecuencias de la disolución de Pongesur, se nombraron dos concejales como interventores.