Jesús Esteban pide cinco años de cárcel para un subinspector de la Policía Local
. Lo acusa de haberle amenazado de muerte pero la defensa niega los hechos y exige la libre absolución .
Jesús Esteban.
El ex alcalde de Bembibre, Jesús Esteban, solicita una pena de cinco años de prisión para el subinspector jefe de la Policía Local de Bembibre, al que acusa de un delito de atentado, por una serie de incidentes que se iniciaron en junio del 2009, a raíz de que se decidiese incoar un expediente contra el procesado debido a su negativa a realizar una medición de ruidos.
La defensa del sospechoso sostiene que no existe delito alguno en la forma de proceder de su cliente y propone la libre absolución.
El juicio se celebrará el próximo día 22 de abril, a las 10.00 de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.
El Ministerio Fiscal no presenta escrito de calificaciones, según consta en el sumario. La acusación particular, que defiende los intereses del anterior regidor, sostiene que el día en que se iniciaron las hostilidades, el imputado le dijo al delegado de Personal de la Policía Local: «No andes de acá para allá. Esto lo arreglo yo y como le dé por firmar algo en contra mía, le meto dos tiros. Los chavales míos ya son mayores. Pongo todo a su nombre y por su madre que le pego dos tiros».
Suspendido de empleo
El subinspector había sido suspendido de empleo y sueldo en otra ocasión previa por negarse a acatar una orden del alcalde, por lo que se había negado a establecer cualquier conversación con Esteban.
Dos días más tarde del primer episodio, se produjo un enfrentamiento directo entre el acusado y el regidor. «Eres un hijo de puta y contigo voy a acabar yo más pronto que tarde», dijo en voz baja. En un tercer supuesto, también le llamó «perro» en presencia de otro funcionario del consistorio, citado también a declarar.
La acusación particular hace constar que el imputado porta habitualmente armas de fuego, cuestión que le costó una condena de un juzgado de Zaragoza ratificada por la Audiencia de Zaragoza, tras un altercado en la Expo del 2008.
Además de la pena de cinco años de prisión, la acusación particular exige una indemnización de 3.000 euros.
La defensa del procesado discrepa y sostiene que el subinspector es víctima de una política de continuos hostigamientos por parte del que fuera alcalde del Ayuntamiento que se demuestran en la decisión de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la capital de anular cuantas sanciones se le han impuesto. Es «radicalmente falso» que se pronunciaran esas expresiones, según el escrito de la defensa del procesado, que exige la libre absolución con todos los pronunciamientos para su patrocinado, por entender que no se ha producido delito alguno a pesar de las acusaciones que presentan los letrados de la parte acusadora.