El juez ordena desbloquear las cuentas de Martínez para pagar a los empleados

Tiene a 110 trabajadores en cuatro de sus empresas del sector extractivo y del hormigón.

Fajos de billetes interceptados por los agentes especializados de la Udyco en los registros de la sede de Martínez Núñez en Ponferrada.

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r. arias | ponferrada
Ponferrada

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La investigación por blanqueo de capitales y delitos fiscales que se imputa a los máximos responsables del grupo Martínez Núñez sigue adelante en los juzgados de Santiago de Compostela. Pero el instructor de la operación «Caballo de Troya» ha decidido desbloquear, mientras tanto, las cuentas de algunas de las principales empresas que todavía mantiene operativas la compañía fundada por José Martínez Núñez, cuyos máximos responsables, su hijo José Luis Martínez Parra y su hermana Maribel, prosiguen imputados por los citados delitos y en libertad bajo sendas fianzas de un millón de euros.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santiago, José Antonio Vázquez-Taín, ha dictado en los últimos quince días distintos autos a través de los que desbloquea las cuentas de sociedades vinculadas al sector extractivo y del hormigón como Catisa, Canteras Peñamala, Transportes la Estrella y Establecimientos Confort, entre otras. La determinación se ha producido después de los contactos mantenidos por la representación social de los trabajadores con el instructor, según ha podido corroborar este periódico en medios cercanos a la investigación.

De esta manera, siempre según las mismas fuentes, el grupo podría haber afrontado ya las nóminas pendientes del pasado mes de febrero para una plantilla que en estos momentos suma unos 110 trabajadores entre las compañías reseñadas. En esa línea procesal está previsto que suceda lo mismo en los próximos días en la sociedad bajo la que se aglutinan los hoteles gallegos, que todavía emplean a 90 personas. Aunque en este caso hay que tener en cuenta que fue precisamente la venta de la cadena a la sociedad del liquidador valenciano Ángel de Cabo, por tres euros, lo que dio pie a la investigación por blanqueo de capitales, delito fiscal e insolvencia punible. En ella se inscribe, asimismo, la venta al propio De Cabo de la constructora Teconsa, otrora joya de la corona del «imperio» de José Martínez Núñez.

Quién es quién

Es en ese contexto de la intrincada instrucción de las relaciones entre los propietarios de Martínez Núñez y De Cabo, y en conexión con el desbloqueo de las cuentas mencionadas para que las plantillas no se vean perjudicadas y las distintas sociedades que no han entrado en concurso puedan mantener su pulso, en el que Vázquez-Taín ha dictado también otro auto relevante. Según las fuentes consultadas por esta redacción se firmó el lunes de la semana pasada y a través del mismo el magistrado —que en las últimas semanas ha recuperado su estrella mediática en relación con las famosas fotos del presidente Feijóo con el narco Marcial Dorado— reclama a los principales imputados en la operación Caballo de Troya que aclaren efectivamente quién es el apoderado o administrador que se halla en estos momentos al frente de todas y cada una de las compañías.

El auto en cuestión requiere al propio José Luis Martínez Parra y a su hermana Maribel para que lo aclaren, pero también a Ángel de Cabo y a sus principales colaboradores en la trama valenciana de la compra de Teconsa y de los hoteles de Santiago, Lugo y Orense. De ese modo se trataría de tener bajo una supervisión muy estrecha todos los movimientos de dinero —prácticamente del día a día— que se produzcan a partir de ahora en las empresas del grupo Martínez Núñez e incluso controlar que a falta de administración en alguna de ellas pueda encaminarse hacia el concurso de acreedores.

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En dicha situación de concurso se hallan Teconsa y también Gallega de Moliendas, la empresa del grupo Martínez Núñez que movía miles de toneladas de clínker desde el puerto de Ferrol y sobre la que están colocadas buena parte de las sospechas y pesquisas policiales que condujeron a la intervención de la justicia contra el blanqueo de capitales y la comisión de un delito de insolvencia punible.