Uminsa deberá reincorporar a los 29 operarios despedidos del pozo Salgueiro
Una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León declara nulo el despido colectivo.
Imagen del lavadero del pozo Salgueiro, sin actividad desde el pasado 15 de febrero cuando se hizo efectivo el despido.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha declarado nulo el despido de los 29 trabajadores del pozo Salgueiro de Torre del Bierzo, pertenciente al Grupo Alonso, y resuelve que todos ellos sean readmitidos en sus puestos de trabajo «en las mismas condiciones que tenían antes del despido, con el abono de los salarios dejados de percibir y con obligación de los trabajadores de reintegrar las indemnizaciones, si las hubiesen percibido». Uminsa comunicó el 4 de enero la decisión de presentar un expediente de extinción de contratos que se hizo efectivo el 15 de febrero, tras un periodo infructuoso de negociaciones, y que afectaba a la totalidad de la plantilla de la última mina de interior que el empresario minero Victorino Alonso mantenía en activo en Castilla y León. Uminsa alegó motivos económicos y de producción para justificar el despido de la plantilla y los delegados sindicales del pozo presentaron la correspondiente demanda en Valladolid.
Los trabajadores consideraron que Uminsa no había entregado la documentación precisa, no realizó el correspondiente periodo de consultas, en la decisión adoptada hubo «fraude, dolo o abuso de derecho» y se vulneraron los derechos fundamentales, en cuanto al intento de la empresa de basar el despido colectivo en los posibles efectos negativos originados por los días de huelga de los trabajadores.
La sentencia basa en dos aspectos la nulidad de los despidos. A efectos laborales, la sentencia hace referencia a la existencia de un grupo empresarial, del que formaría parte Uminsa junto con Explotaciones y Construcciones Civiles, Roel Hispánica, Carbocal, Enermisa, Rosical, Movimientos y Explotaciones Industriales, Norfesa, Vencove y Tratamiento y Transformaciones, aunque la demanda estaba interpuesta contra 18 empresas del grupo. De este modo, la justificación se basa en que a los trabajadores tan sólo se les entregó la información correspondiente a Uminsa y no la del todo el grupo, con lo que se «vició» el proceso de despido colectivo. A mayores, en la sentencia se especifica que el despido afectó a más de un centro de trabajo —además del pozo Salgueiro también fueron despedidos los trabajadores de Santa Cruz del Sil y los asturianos de Pilotuerto-Tineo—, y la negociación «se realizó separadamente con los representantes de personal de cada uno de los centros de trabajo, sin intervención del comité intercentros», por lo que se considera que la decisión «se adoptó de forma fraudulenta por la empresa, al no haber negociado con quien legal y convencionalmente debería haberlo hecho».
Los trabajadores, que han declarado estar «contentos» tras la sentencia judicial, están pendientes de la decisión final que tome la empresa. Por este motivo, aunque ayer mismo se informó telefónicamente a todos los afectados, serán convocados a una asamblea para abordar el asunto. «Queremos que nos readmita cuanto antes, aunque cabe la posibilidad de un ERE de suspensión», sopesó el delegado sindical José Antonio Álvarez.