Diario de León

Piden dos millones de euros y 22 meses de cárcel para el acusado de incendiar Barjas

La defensa del ex pedáneo de Mosteirós reclamará mañana su absolución .

Un vecino de Mosteirós, repasando el lugar donde se propagó el fuego, en agosto del 2010.

Un vecino de Mosteirós, repasando el lugar donde se propagó el fuego, en agosto del 2010.

Ponferrada

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A punto de cumplirse tres años desde el incendio que arrasó casi mil hectáreas en los montes de Barjas, Corullón y Oencia en agosto del año 2010, el único acusado del fuego, el ex pedáneo de la localidad de Mosteirós, Manuel L. S, se enfrentará el martes a la petición de un año y diez meses de cárcel y el pago de los casi dos millones de euros que constó la extinción. Son las penas que ha solicitado el Ministerio Fiscal, que considera probado que Manuel S.L. cometió una imprudencia al vacíar su pipa cuando paseaba por el lugar donde se propagó el incendio, según confensó en su primera declaración ante la Guardia Civil. El fiscal considera un atenuante la leve deficiencia metal que padece el acusado, de ahí que no haya solicitado los cinco años de cárcel que contempla la ley en el caso de incendio por imprudencia.

Con la defensa solicitando la libre absolución y negando que el acusado se encontrara en la zona, el juzgado número uno de Ponferrada celebrará mañana la vista oral para aclarar la autoría de uno de los fuegos más graves que ha sufrido la comarca del Bierzo en los últimos años.

«Vamos a mantener nuestra línea de defensa», aseguró ayer el abogado del acusado, Miguel Ángel Orallo, a este periódico. Manuel S.L, de 55 años de edad, se había declarado inocente ante el juez en el transcurso de la instrucción judical del caso, modificando la primera versión que había ofreció a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. El entonces pedáneo del pueblo se había autoinculpado ante los agentes atribuyendo el origen del incendio a un descuido con la pipa.

El alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, llegó a decir entonces que los agentes de la Guardia Civil habían presionado Manuel L.S, que fue detenido a los cuatro días del incendio. Los técnicos de la Junta de Castilla y León, por el contrario, consideraron que el incendio había sido intencionado, más que fruto de una negligencia.

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