Ponferrada pide otros 5,3 millones al ICO para el pago de 708 facturas

Las facturas pendientes fueron el objeto de debate del pleno municipal que se celebró ayer en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Ponferrada. En concreto, la discusión se centró en el segundo punto de la sesión, aquel que incluía la revisión del plan de ajuste 2012-2022, que se aprobó por trece votos a favor y doce en contra con el fin de cumplir las condiciones necesarias para entrar en la tercera fase del Instituo de Crédito Oficial (ICO) y que así el Ayuntamiento reciba 5,3 millones de euros para el pago de 708 facturas a proveedores, para «ser un poco menos dependientes del Ministerio», según apuntó el responsable de Hacienda, Fernando Álvarez.

Fue en este punto cuando el popular Carlos López Riesco tomó la palabra, y tras recibir por parte de la interventora la respuesta de que todas estas facturas aparecen reflejadas en los presupuestos de 2012 y 2013, reprochó al actual equipo de gobierno que en su momento «algunos concejales refrendados por el alcalde dijeran que estas facturas aparecían en cajones», de las que Riesco aseguró que «llevamos más de un mes pidiendo copias», y los culpó de transmitir a la opinión pública «una serie de comunicaciones que no se ajustan en absoluto a la realidad». «Si algo podemos hoy decir es que estos cinco millones estaban previstos en el presupuesto, por tanto estaban perfectamente reflejados. No hay ningún tipo de aparición extraordinaria o abrupta», recalcó Riesco, que detalló que de esas facturas, sólo 38 son anteriores al 8 de marzo, día en que la moción de censura se hizo efectiva.

A esto, Álvarez respondió que la maniobra del grupo popular en el Ayuntamiento consiste en «confundir» y resaltó que no se trataba de facturas, sino de «obligaciones de pago». En concreto, Álvarez destacó tres facturas anteriores a la moción, una de 1,1 millones de euros y dos de 500.000: «No hay que mirar las facturas, sino el importe», afirmó en su última intervención. Por su parte, el alcalde, Samuel Folgueral, justificó la petición del crédito al ICO por el «desfase presupuestario de seis millones» resultante de la diferencia entre ingresos y gastos del ejercicio de 2012.

El portavoz de IAP, Emilio Cubelos, se refirió a la necesidad de que la tercera fase del plan del ICO llegue con el fin de «recortar el periodo de pago a proveedores a 60 o 65 días», lo que supondría una diferencia con la situación actual, en la que el Ayuntamiento realiza los pagos «con una media de 100 días de diferencia».