El fiscal no tiene ninguna duda de que el celador debe ser declarado culpable

98 minutos dedicó el fiscal del caso, Jacinto Fernández Villalvilla, a resumir ayer tres días de juicio y más de dos años de investigación. Su conclusión es que el juicio deja probado que Alberto García González, celador de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, fue el autor del incendio que arrasó 300 hectáreas de terrenos de Campo del Agua el 17 de octubre del 2011, motivo por el que propuso al jurado popular que hoy declare culpable al procesado, en el veredicto que se emitirá en la Audiencia Provincial.

La descripción correlativa de los hechos que sostiene el Ministerio Público da por demostrado que el imputado se dirigió a la localidad el día de autos para redactar un parte de daños por el ataque de un lobo a una vaca. Tras despedirse del ganadero afectado, el celador pasó por el barrio de La Valiña, donde dos personas lo vieron e identificaron su Land Rover, aunque no distinguieron al conductor. Sí pudieron apreciar que la persona que pilotaba el todoterreno se bajaba del vehículo y se adentraba en el monte. Un minuto después, el conductor regresó y emprendió la marcha de nuevo. Pocos instantes después, comenzó a salir humo entre la maleza, a muy pocos metros de ese punto.

«Si el único Land Rover que había en la zona esa tarde era el del procesado y de un coche como el suyo se bajó alguien que cuando se marchó detrás de sí un incendio ¿quién pudo pegar el mecherazo? No hay pruebas directas, pero porque en estos delitos, nunca las hay. Sólo es cuestión de usar un silogismo».

Argumentos

La tesis del fiscal la sustentó en el juicio en varios argumentos. Cuando los primeros agentes medioambientales se dirigían a apagar las llamas, se cruzaron con el imputado. «Nos extrañó que hubiera fuego y en lugar de quedarse a ayudar, se marchara», declararon los testigos propuestos por la Fiscalía. Menos explicación ofrece, a juicio de Fernández Villalvilla, el hecho de que al encontrarse con un vehículo de la Guardia Civil justificara que dejara el fuego a sus espaldas «porque es que tengo que resolver unos asuntos en Villafranca del Bierzo (que nunca se pudieron demostrar en sala).

A una nueva patrulla de agentes les aportó otra excusa para marcharse del lugar de los hechos: «Tengo que ir a apagar otro fuego a Piedrafita». Responsables de los equipos de extinción de incendios afirmaron en sala que los efectivos de León no pueden salir a otras provincias. A criterio del Ministerio Fiscal, la argumentación del procesado termina de desmontarse en el momento en el que argumentó que a la hora del incendio tomaba café en casa de una amiga de la población. La empresa para la que trabajaba la mujer presentó un cuadrante de horarios que demuestra que en ese momento estaba trabajando.

La testigo declaró también en el juzgado que apenas conocía al acusado, a lo que la acusación pública respondió exhibiendo en la sala un documento que prueba que en un periodo de seis meses los dos habían cruzado 1.219 llamadas de teléfono. Unido todo ello al informe de los peritos, según el cual «no hay ninguna duda de que la persona que provocó el incendio circulaba en un vehículo (no hubo tiempo para que alguien que fuera andando pudiera encender los dos focos del fuego en ese tiempo), conocía muy bien los caminos de la zona (pilotó en unos tiempos que exigen pericia y saber de la zona) y tenía acceso a las emisoras de radiofrecuencia de los servicios de extinción de la Junta (porque así pudo elegir el momento en el que el helicóptero no estaba operativo y había menos posibilidades de que lo sorprendieran o de que el fuego se extinguiera pronto)».

Una confabulación

Sólo quedaba en favor del acusado la teoría de que un compañero con el que pugnaba por la plaza de Celador Mayor y el tío de este, jefe de los agentes medioambientales de la comarca para la Junta de Castilla y León, hubieran urdido un complot para perjudicarle. «Eso es fruto de una mente acorralada», explicó el fiscal. Todos los datos concuerdan y no hay una sola duda. Aquellos días había una gran preocupación en la comarca por los incendios (lo ejemplificó exhibiendo al jurado una información de DIARIO DE LEÓN) y se exigía un esfuerzo añadido para acabar con delitos de este tipo».

Un apunte final del fiscal: «Las pruebas periciales presentadas por esta parte han sido realizadas por organismos oficiales y a instancias de un juez. Los testigos que han venido a defender al acusado, eran amigos suyos».