La Fiscalía teme que la absolución del vigilante de los Ancares genere "sensación de impunidad"

Un día después del veredicto del jurado que ha declarado «no culpable» del incendio de Porcarizas al celador de la Reserva de Los Ancares Alberto García por falta de pruebas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, pidió ayer «un esfuerzo entre todos para conseguir más pruebas que permitan esclarecer las causas de los incendios, identificar a los culpables y evitar que los delitos queden impunes». El consejero, que había pedido que todo el peso de la ley cayera sobre el celador si las pruebas demostraban su culpabilidad, transmitió a través de un portavoz de la Consejería su «respeto» por la decisión del jurado de la Audiencia Provincial de León, que por un voto propició la sentencia absolutoria.

La Fiscalía de Área de Ponferrada —que al igual que la acusación particular de la Junta de Castilla y León pedía cinco años de prisión para el celador y el pago de una indemnización próxima a los 300.000 euros— esperará a recibir el texto de la sentencia pronunciada «in voce» para decidir si recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fiscal jefe, Jacinto Villalvilla, reconoció su «insatisfacción» con la decisión del jurado y defendió que durante la vista oral se aportaron «pruebas inequívocas y contundentes» sobre la culpabilidad del acusado. Y recalcó que se trataba de algo más que indicios. «Eran pruebas indiciarias consistentes», manifestó.

Villalvilla, que elogió la labor de investigación de los agentes de la Guardia Civil, especialmente de los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza, evitó criticar el sistema del jurado —«lo asumimos», afirmó— o su composición, que se sortea entre una terna de candidatos para todo el año. El fiscal, que durante el juicio desmontó la versión de la principal testigo de la defensa y pidió la apertura de un proceso penal contra ella por falso testimonio, no dejó de lamentar que un fallo como el del pasado jueves «pueda dar la sensación de impunidad» con los delitos de incendio. «Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía vamos a perseguir los que cometan este tipo de delitos», advirtió. Y pidió a la ciudadanía que no se desanime a la hora de denunciar.

En la misma línea se expresó el abogado de Ecologistas en Acción, Simón López Quero que ha representado a una parte de la acusación popular y que pedía 18 años de cárcel por incendio continuado. «Había pruebas de su culpabilidad. Los primeros testigos fueron contundentes cuando dijeron que vieron el coche oficial de la Junta. Y quedó demostrado que no podía ser otro que el del celador», aseguró.

Quero, que expresó su «tristeza total», reconoció que la falta de recursos de las organizaciones a las que representa condiciona la decisión de recurrir el fallo.