Las acusaciones buscarán «resquicios legales» para que se condene al celador de los Ancares

No tiran la toalla. Ni la Junta de Castilla y León, personada como acusación particular en el reciente juicio contra el celador de la Reserva de Los Ancares, ni la Fundación Oso Pardo (FOP), una de las asociaciones que ejerció la acusación popular, están dispuestas a resignarse después del veredicto del jurado que ha declarado «no culpable» al único acusado por el incendio que octubre de 2011 calcinó 305 hectáreas de monte en Porcarizas y Campo del Agua. Fuentes de la administración autonómica, que solicitaba cinco años de cárcel para el celador, puntualizaron a este periódico que buscarán «resquicios legales» para mantener abierto el proceso y lograr una condena. Y de la misma forma se expresaron fuentes de la FOP, que también pedía cinco años de cárcel para Alberto García y que al igual que los servicios jurídicos de la Junta, aguardan el momento de recibir por escrito la sentencia absolutoria de la Audiencia de León para definir su estrategia. En su primera valoración pública, la FOP había prefirido mostrarse cauta sobre sus planes para continuar el proceso y en una nota de prensa aseguraba el viernes que estudiará «la posibilidad de recurrir» ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando conozca el contenido de la sentencia.

De esta forma, dos de las acusaciones personadas en el proceso parecen decididas a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la espera de lo que decida el fiscal. Ecologistas en Acción, que también ejerció la acusación popular en nombre de media docena de colectivos medioambientales, ya ha adelantado, sin embargo, sus dudas sobre su capacidad de continuar con el proceso judicial debido a su falta de recursos.

Ecologistas en Acción —que había solicitado 18 años de cárcel por un delito continuado de incendio y en cuyo seno se cuestiona abiertamente la idoneidad de un jurado para pronunciarse sobre delitos de incendio donde las pruebas suelen ser indiciarias— aglutinó en su momento a colectivos como Tyto Alba o la Agrupación en Defensa de la Cordillera Cantábrica, después de que el juzgado de Ponferrada que instruyó el caso decidiera solicitar una fianza de mil euros a cada una de las partes que pretendiera ejercer la acusación popular. En cualquier caso, Ecologistas en Acción también esperara a conocer el texto de la sentencia absolutoria antes de anunciar su hipotética retirada del proceso.