La familia de Luis Canabal reclamará intereses si la Junta paraliza el pago

El abogado de la familia de Luis Canabal —el faberense de 48 años muerto en febrero pasado por un aneurisma de aorta tras permanecer nueve meses en lista de espera para ser operado— espera que la Junta de Castilla y León no paralice el pago de la indemnización de 136.000 euros que estaba previsto zanjar en los primeros compases del 2014. Pero, de hacerlo, después de que la Asociación del Defensor del Paciente acudiera a la justicia y la Fiscalía de Área de Ponferrada decidiese llevar el asunto con denuncia por la vía Penal, la familia de Canabal está dispuesta a reclamar intereses que podrían, por ley, llegar al 20% sobre la base de indemnización. Según explicó ayer su abogado, Javier de la Peña, a partir del segundo año desde la fecha del fallecimiento el interés anual que repercutiría en la aseguradora de la Junta, y por tanto en la propia Administración pública, abría que aplicarle cada año que pasase una subida del 20% a los 136.000 euros.

«Nosotros estamos en desacuerdo con que se paralice el proceso administrativo, porque, lo que dice la ley es que el proceso penal no suspende los procedimientos de responsabilidad patrimonial, como es el caso; pero la Consejería podría decir que si antes de mes y medio le llega el proceso penal, las conclusiones de la jurisdicción penal puede condicionar la resolución administrativa y por tanto, cautelarmente suspendería el proceso administrativo de la indemnización», expresó el letrado De la Peña. Cuenta el mismo abogado que la consecuencia de todo esto es que la familia de Canabal, que ya tenía acordada la indemnización con la Junta, «y que tenía ya reconocido prácticamente el mal funcionamiento de los servicios sanitarios por la Consejería, es que la familia no va a recibir esa indemnización». Según el propio letrado, «se trata de una familia humilde, con unas necesidades perentorias y muy urgentes y ha habido un movimiento que se inició sin ninguna consulta a nosotros de la Asociación de Defensa del Paciente, que en este caso han causado revés a la familia». «Si el Sacyl confirma, que todavía no lo ha hecho, la paralización del proceso administrativo nos vamos a oponer porque entendemos que no debiera paralizarse. Si la Consejería persiste en paralizarlo vamos a exigir no sólo los 136.000 euros, sino también los intereses de demora y evidentemente nos vamos a personar con acusación particular en el proceso penal», concluye el abogado De la Peña.