Ocupadas sin permiso 6,5 hectáreas
El escrito de acusación detalla la carencia de licencias y los informes de vertidos.
Aspecto que presenta el frontal de la cantera de Catisa, vista desde el mirador de Orellán, en Las Médulas.
La sociedad Catisa (Canteras Industriales del Bierzo) compró en 1982 los derechos de explotación existentes sobre la cantera de áridos de Carucedo, y que originalmente era de la empresa Caleras Bercianas, del año 1968. Los hechos sobre los que ahora acusa la Fiscalía a José Luis Martínez Parra y al alcalde de Carucedo, Clemades Rodríguez, van desde la franja de 1982 al 2011, dado que con posterioridad la explotación pasó a manos de un administrador concursal por problemas de gestión empresarial. Con estos precedentes, y en base a numerosos informes, el fiscal concluye que la actividad de Catisa se desarrollaba «de manera plenamente consciente y deliberada, sin adaptarse a la legalidad vigente» en varios puntos claves.
Entre ellos se cita que carece de licencia municipal de apertura, carece de licencia urbanística municipal, ausencia de declaración de impacto ambiental, no cuenta con autorización para la ocupación de montes públicos desde 1991 hasta el 2004.
Además, la Fiscalía detalla que por parte de Catisa existe una ocupación de zonas no autorizadas en la explotación de la cantera «en unas 6,5 hectáreas, sin contar con autorización alguna para ello». De igual forma, en el demoledor escrito-resumen de ocho folios (la causa ocupa varios tomos) se relata el incumplimiento de la normativa en materia de vertidos y arrastre de sedimentos y lodos al arroyo Balado.. También se cita que la cantera se encuentra ubicada en la zona periférica del espacio natural de Las Médulas, así como en la zona Zepa Montes Aquilianos y en el Lic Aquilianos y Sierra del Teleno.
Especialmente intenso es el argumento para dejar bien claro que el alcalde de Carucedo es conocedor de la situación de ilegalidad. Así, se cita que en el 2007 el Sam de la Diputación se lo dio a conocer mediante informe oficial. También en el 2008 por parte del Ministerio Fiscal que le pidió las licencias existentes y el regidor le contestó que estaba en fase de tramitación, y que luego desencadenaría una petición de la Fiscalía para que paralizase la cantera, haciendo caso omiso. Fue así como se instó el proceso judicial en el Contencioso Administrativo número 2 de León, que decide en el 2009 paralizar la cantera. Sin embargo, el alcalde no hizo caso, y no tuvo reparo en conceder licencia ambiental a Catisa el 7 de noviembre de 2009 y licencia de apertura el 26 de febrero de 2010. El 30 de marzo de 2011 el Contencioso anula la licencia y ahora, finalmente un fallo firme del TSJ le obligó a anular su acuerdo municipal y parar la explotación.