«Las tasas no pueden obstaculizar el acceso a la Justicia de los ciudadanos»

El fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, se desplazará mañana a Ponferrada para confirmar la renovación de Villalvilla, pero con la nueva sede de la Fiscalía de Área todavía sin estrenar.

—¿Conoce ya la fecha del traslado de la Fiscalía al nuevo edificio judicial?

—No la tenemos todavía. El edificio está bastante ultimado. Quedan los últimos flecos del sistema eléctrico e informático.

—Este edificio de la calle Ave María que ocupa la Fiscalía quedará vacío. Hace unos años, se pensó en él para albergar la sección de la Audiencia Provincial que siempre ha reclamado Ponferrada. ¿Ahora mismo eso es una entelequia?

—Tal y como están las reformas previstas, es evidente. Incluso desaparecen las audiencias provinciales. La situación no es la misma que hace cinco años cuando se creó la Fiscalía de Área y parecía que el último paso que quedaba era crear la sección desplazada. El desarrollo de los acontecimientos se encamina hacia la creación a nivel provincial de una primera instancia y la segunda instancia quedaría a nivel autonómico, con lo cuál, en principio no parece.

—¿Y qué le parece esa reforma y en general las que impulsa Gallardón? ¿Es positivo o es un paso atrás?

—Las reformas son varias. El despliegue actual de los partidos judiciales obedece a una España del siglo XIX, donde las comunicaciones eran mucho más complicadas y había una idea de cierta centralización de sedes. Teniendo en cuenta que ahora, mayoritariamente los ciudadanos tienen mayores facilidades de desplazamiento (la supresión de las audiencias) puede tener cierta lógica. En principio, Ponferrada va a quedar porque es evidente que estamos en un partido judicial donde el nivel de población está sólo por detrás de las cuatro grandes capitales de Castilla y León, con un volumen de procedimientos que lo hacen necesario. Eso es innegable. Y que la Fiscalía siga estando aquí. Del resto, entiendo que juega con los tiempos y las mejoras de la comunicaciones, aún cuando pueda causar molestias a algunas poblaciones que se pueden quedar sin partido judicial. Todo esto está en una fase bastante avanzada. Sobre otras cuestiones, el modelo de primera y segunda instancia a nivel autonómico no lo veo negativo. Habrá que valorarlo cuando se vaya desarrollando. Otra reforma que probablemente sea impensable que cuaje en esta legislatura es que la instrucción de los procedimientos penales sea asumida por la Fiscalía. Hay un proyecto en este sentido. Pero será difícil esta legislatura. A medio plazo es probable que sea así.

—¿Y la reforma de la Justicia Universal, qué le parece?

—Las reformas corresponden al legislador. No debemos olvidar que es al legislador, como representación de la ciudadanía a quienes le corresponden las reformas. Y efectivamente, toda reforma debe tener en cuenta los derechos fundamentales de las personas y los convenios internacionales firmados por España. Sin entrar en mayor profundidad, si en este equilibrio necesario hay desavenencias, tenemos al Tribunal Constitucional que es el que debe marcar si las reformas legales son las adecuadas.

—¿Las nuevas tasas están alejando de la Justicia al ciudadano?

—En el ámbito penal no hay tasas y ahí no nos afecta. En el ámbito civil, sí que pueden ser disuasorias. Entiendo que ahí sí que deberían haberse tenido en cuenta otros factores. Lo que no podemos es impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia a determinados ciudadanos, o a gran parte en ocasiones, porque una tasa suponga una obstáculo casi insalvable para una posible reclamación. La tasa puede ser disuasoria pero lo que no puede ser es obstaculizadora de la acceso a la Justicia y en todo caso, deben pagarse cantidades que no afecten a este derecho.

—La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se viene quejando de que ni jueces ni forenses no se personan en las exhumación. ¿Qué opina de todo eso?

—(Se lo piensa). El tema de las exhumaciones tiene un difícil encaje penal. Creo que es una cuestión de carácter administrativo y a lo mejor la administración debería dar respuesta. Lógicamente, es un derecho que tiene los ciudadanos el saber cuál es la situación de sus familiares más cercanos. Pero hay que distinguir. La respuesta tiene que darse desde el punto de vista administrativo.

—En la Fiscalía de Área de Ponferrada hay siete fiscales y seis funcionarios. ¿Hace falta más personal? ¿Tiene la Fiscalía medios para intervenir de oficio en casos de corrupción, por ejemplo?

—Siempre es conveniente manifestar la escasez de medios. Es una realidad. Hace tres años estaba prevista una ampliación de plantilla con una plaza más de fiscal en Ponferrada. Al final, aquello se paralizó. El volumen de trabajo es muy importante. El partido judicial, incluido el de Villablino que también lleva esta Fiscalía, supone un trabajo en el ámbito penal, en lo social y en el registro civil, y siempre sería conveniente un incremento de plazas. Pero hay que ajustarse a la situación actual. Sí es evidente la escasez de funcionarios. Hay seis personas, pero de plantilla son cuatro y dos son interinas que vamos renovando, pero que deberían formar parte de la plantilla, e incluso contar con más funcionarios. Con seis somos una de las plantillas más escasas de las fiscalías, con las ratios más bajas de funcionarios por cada fiscal. Y si al final la Fiscalía se uniera a la instrucción, las cosas tendrían que variar mucho. Si ahora mismo el personal escaso, con una labor instructora haría falta más personal.

—En estos cinco años como fiscal jefe de Área, ¿con qué caso está más satisfecho?

—La satisfacción es global. Hace más de 18 años que accedí a la Fiscalía en la tercera plaza de fiscal y como escisión de la de León. Ahora tenemos una Fiscalía propia con un ámbito de actuación y eso supone una capacidad de decisión más directa sobre los procedimientos que están en los juzgados y las denuncias que nos plantean los ciudadanos directamente. El nivel demostrado por los fiscales de esta plantilla, jóvenes pero con un grado de experiencia, ha consolidado la Fiscalía. Ha habido procedimientos que han interesado más a los medios de comunicación. Pero todos los días hay actuaciones, órdenes de protección de víctimas, delitos de juicios rápidos, de lo social, lo penal, asistimos a vistas a Villablino, digilencias de investigación.... Nos gustaría tener más tiempo, pero el esfuerzo se hace y es meritoria la dedicación de la plantilla.

—Uno de los casos que más alarma social creó es el del celador de la Reserva de Caza de los Ancares, acusado de incendio, y que resultó absuelto por el jurado a pesar de que usted desmontó la coartada del acusado. ¿Ha sido una de sus mayores frustraciones?

—No me gusta hablar de frustraciones. Me gusta que se haga Justicia. Hay que respetar la decisión del jurado, aunque la tomara con escaso margen. Pero seguimos pendiente del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Que las cosas no salieran como en principio parecía que debían haber salido es una decisión y uno no puede darle más vueltas. Sólo, considerando como considero que no fue una decisión acertada, plantear un recurso y ver qué es lo que ocurre.

—¿Tiene posibilidades de prosperar el recurso?

—Por eso lo hemos presentado. Si no las tuviera no lo hubiéramos hecho.

—Es complicado que los delitos de incendio terminen en una condena. También hay que juzgar al acusado de incendiar el monte Pajariel y tenemos otro jurado...

—Tenemos que hacer lo que nos marca la ley. Valorar con objetividad las digilencias practicadas y ver si son suficiente para formular acusación contra una persona y esperar el resultado del juicio. Entendemos que sí hay suficientes diligencias, pero vamos a esperar al resultado de la vista