podría llegarSE A una resolución del contrato
La CHMS apremia a la constructora para que inicie las obras del dique del Sil
Atribuye el retraso a «dificultades económicas» de la adjudicataria del proyecto.
La Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) lleva dos semanas apremiando a la empresa adjudictaria del encauzamiento del río Sil en Ponferrada, la constructora valenciana Cyes Infraestructuras, para que comience las obras de forma inmediata. Así lo reconocieron fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que atribuyeron el retraso a «dificultades económicas de la adjudicataria».
La CHMS entiende que el margen de maniobra que le ha concedido a Cyes Infraestructuras, una empresa constructora con 1.300 trabajadores y especializada en obras portuarias e hidráulicas, se está agotando y los trabajados deben comenzar «en la época de estiaje» como estaba previsto para no poner en peligro la financiación procedente de Europa si el mal tiempo en otoño supone una demora añadida. La CHMS debe haber pagado y certificado las obras ante la Unión Europea antes del 31 de diciembre de 2015.
El organismo hidrográfico recordó que, de continuar el retraso en el inicio de las obras, podría llegar a plantearse una resolución del contrato. Cyes Infraestructuras —que se hizo con la adjudicación tras presentar una oferta de 1,7 millones de euros, que rebajaba un 40 por ciento el presupuesto de contratación— se quedaría así sin la fianza que depositó en la cuenta de la CHMS para concurrir al concurso.
Catorce empresas había llegado a la fase final de la adjudicación, aunque tres de ellas, Vías, Dragados y Oca, quedaron descartadas por presentar bajas temerarias sobre el presupuesto base de 2,8 millones de euros.
Las obras incluyen, además del dique de contención del río a su paso por el barrio de Flores del Sil —que ha generado malestar entre los propietarios de los terrenos por su trazado— la construcción de un nuevo puente de acceso de Toral de Merayo.
La CHMS ha continuado con el proceso para expropiar el terreno a los 93 propietarios afectados por el dique mientras se demoraba el comienzo de unos trabajos que estaban previstos para comienzos de este mes de julio.
