La Junta tramita ya la reincorporación del celador a su puesto en la Reserva

La Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está inmersa ya en la tramitación del expediente administrativo para que el celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares, Alberto G. G, se reincorpore al puesto de trabajo que ocupaba antes de la apertura del procedimiento judicial en el que estaba imputado por un presunto delito de incendio forestal.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León hiciera firme, a finales del pasado mes, la sentencia inicialmente emitida por la Audiencia Provincial, en la que un jurado popular lo declaró «no culpable» del delito que se le imputaba, el celador —a través de su abogado— solicitó a la Administración autonómica regresar al trabajo de campo que venía haciendo y abandonar la labor administrativo que todavía ahora desempeña en la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada. Petición atendida por la administración, que «está tramitando el expediente conforme al procedimiento administrativo, a los informes jurídicos y conforme a derecho también», detallaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente ayer.

Lo cierto es que una vez que tanto la Audiencia Provincial como el TSJ han confirmado la inocencia del celador —la falta de pruebas fue el argumento del jurado— nada debería impedir que Alberto G. G. regrese al monte, aunque para muchos de los vecinos de la zona en la que trabajaba y a la que regresará siga suponiendo una amenaza. No en vano, varios de ellos testificaron en su contra en el juicio que trataba de esclarece lo que sucedió en el mes de octubre de 2011 en los montes ubicados entre Porcarizas y Campo del Agua (Villafranca del Bierzo).

El abogado del celador da por hecho el regreso de Alberto G. G. aunque lo que no puede es determinar cuál será la fecha escogida para la reincorporación, dado que eso depende de lo que se alarguen los trámites.