Llaman a declarar al alcalde de Fabero por ilegalidad en una obra de su esposa

El alcalde de Fabero, el popular José Ramón Cerezales, está llamado mañana viernes a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Ponferrada, después de que la Fiscalía apreciase indicios de un presunta prevaricación «por desactivar un expediente sancionador municipal que estaba en marcha» y que correspondía a «una obra ilegal de su mujer», según anunció ayer en nota de prensa el grupo socialista en la oposición. «La Fiscalía observa indicios de uno a varios presuntos delitos por parte del actual regidor cuando al poco de acceder a la Alcaldía en 2011 paralizó el expediente sancionador y de paralización de obra abierto contra la empresa Pirober 39 SL, cuya administradora era su mujer», indica en su comunicado el PSOE y añaden: «El fiscal asegura que ‘se aprecian hechos que pudieran tener significación penal’, dando por bueno que Cerezales habría presuntamente beneficiado a su esposa al permitir que Pirober 39 ejecutara más obras de las autorizadas en la licencia urbanística inicial, en concreto ‘una piscina y una edificación auxiliar carentes de licencia urbanística, determinándose que dichas obras (que por supuesto se hicieron) no son legalizables’».

Versión del alcalde

Una visión bien diferente del caso ofreció ayer el alcalde de Fabero. Cerezales explicó que las obras fueron ejecutadas antes de llegar a la alcaldía y dos días antes de ser regidor, el anterior mandatario, el socialista Demetrio Alfonso firmó como último decreto iniciar el expediente sancionador.

Cerezales asegura que el PSOE «omite» datos muy relevantes sorbe este asunto y que no se los comunicó al fiscal Jacinto Villalvilla, que le serán expuestos al juez. Entre ellos dice que propuso al anterior edil socialista Robles, llevar el expediente, pero renunció. Lo mismo que la edil socialista Paz Martínez Ramón, de la que cita que cuenta con cuatro expedientes de obras ilegales. «Le dí el expediente a la oposición, que creo que es lo más objetivo para que resuelva y lo instruyera, pero lo rechazaron» y fue así como decidió nombrar al interventor como instructor. Éste, «con informes del arquitecto y de secretaría llega a la conclusión de que esas obras, por una disposición transitoria, en su momento eran legalizables y eso llega a la conclusión de archivar ese expediente».

De esta forma, el alcalde asegura que, ante la cita en los tribunales está «totalmente tranquilo» y entiende al fiscal, que «con los datos que le dan, donde se omite todo este trámite, pueda entender que el expediente está paralizado».