La Junta cierra el caso Canabal con el pago de la indemnización a su familia

Un año y ocho meses después de la muerte del minero faberense Luis Canabal —fallecido por una aneurisma de aorta cuando estaba siendo trasladado en ambulancia al Hospital de León— y cuatro meses después de que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ponferrada archivara la vía penal abierta por la Fiscalía de Área; la familia ha recibido ya la indemnización de más de 136.000 euros de la Junta de Castilla y León. Hace aproximadamente dos semanas que la viuda, María del Carmen Enríquez, vio el ingreso en su cuenta bancaria, cerrando así, en parte, el capítulo más doloroso de su vida. Perdió a su marido por un cúmulo de negligencias médicas, por «mala praxis», según reconoció el propio Sacyl. Nadie se lo va a devolver, pero la indemnización recibida da fe de las evidencias y sirve —dice aún dolida su viuda— para «poner la cara colorada» a todas esas personas que lo hicieron mal, «que son muchas».

Luis Canabal llevaba nueve meses en lista de espera quirúrgica, cuando su dolencia debería haberse resuelto en un plazo máximo de tres meses a tenor de su gravedad. El día que murió, acudió en primera instancia a su centro de salud, donde la médica de urgencias le diagnosticó un problema gástrico y lo envió a casa. Esto fue a las 16.00 horas. Falleció poco después de la media noche. Esa es la espina clavada de su mujer. Repite por activa y por pasiva que si la médica de Atención Primaria le hubiera enviado al hospital, su marido podría haberse salvado. «Tenían que haberlo operado. Hubiera sido más barato que lo hubieran operado que la indemnización que nos han dado. Es un dinero que quema, porque la vida de una persona no vale eso. A mi marido no me lo va a devolver nadie», aseguró María del Carmen Enríquez.

«Más que el dinero, lo que valoro es haberles dejado en vergüenza y ponerles la cara colorada», asegura la viuda de Luis Canabal, explicando que está satisfecha porque «si cuando mi marido murió lo hubiéramos dejado pasar, hoy sería un muerto más. En cambio, con el proceso que abrimos demostramos que mucha gente lo hizo mal».

Ella misma reconoce que el proceso penal abierto por la Fiscalía de Área de Ponferrada a instancias del Defensor del Paciente sólo sirvió para retrasar la resolución y prolongar el dolor, manteniendo abierta una herida que ahora, tanto ella como su hijo, confían en que comience a cicatrizar. «Ahora trataremos de empezar de nuevo, tenemos que seguir viviendo», asegura. Lo único que espera es que su caso haya servido de ejemplo para que no vuelva a pasar.