Diario de León

Cacabelos inicia el proceso para asumir el urbanismo jacobeo

La falta de adaptación a la Ley del Suelo le impide dar licencias.

El Camino de Santiago vertebra también en lo urbanístico el municipio de Cacabelos.

El Camino de Santiago vertebra también en lo urbanístico el municipio de Cacabelos.

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M. Félix | Ponferrada
Ponferrada

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El Ayuntamiento de Cacabelos lleva sancionado desde el 2007 por no adaptar el planeamiento urbanístico a la nueva ley del Suelo y al reglamento urbanístico de Castilla y León. Por eso, no puede otorgar licencia urbanística para obrar en todo lo que afecta a los lindes de fincas por donde pasa el Camino de Santiago, que como es sabido lo hace de manera longitudinal desde que entra por el municipio de Camponaraya y sale por el de Villafranca.

Para evitar estos problemas, el Ejecutivo municipal que dirige el alcalde Adolfo Canedo ha decidido emprender los trámites administrativos para adaptarse a la normativa y, en definitiva, recuperar las competencias en materia urbanística dentro de la normativa que aparece recogida en el plan director de planeamiento urbanístico.

«Los ciudadanos de Cacabelos se están viendo muy gravemente afectados en el momento en el que tienen necesidad de obtener cualquier licencia en lo que es el entorno de Camino de Santiago; y cualquier solicitud que necesita hacer un vecino, por muy pequeña que sea, no tenemos nosotros capacidad para darle licencia y tiene que ir todo a la Comisión de Patrimonio de la Junta», explica el alcalde. Con el paso que darán el lunes en Pleno se empieza a resolver una serie de carencias urbanísticas existentes en lo que afecta al conjunto histórico y al Bien de Interés Cultural (BIC).

Tras la aprobación de lunes del plan especial de protección del conjunto histórico del Camino de Santiago en el municipio de Cacabelos, el siguiente paso es solicitar todos los informes sectoriales a la Junta y al Ministerio. Cuando superen este trámite se producirá la aprobación inicial, que deberá salir a información pública para presentar alegaciones. El proceso podría durar entre seis meses y un año.

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