El acusado del crimen de Argayo alega defensa propia y de sus sobrinas

La defensa de Diego Álvarez, el autor confeso del crimen de Argayo, solicita que se exima al acusado de responsabilidad criminal porque actuó en defensa propia y de sus sobrinas, «quienes estaban siendo brutalmente agredidas por su padre», según refleja su abogado en el escrito de calificaciones remitido al juzgado que instruye la causa. Al contrario de la tesis que mantienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular —que han reclamado 20 años de cárcel por asesinato para Diego Álvarez porque habría actuado con premeditación debido a su enemistad manifiesta con la víctima— el letrado que le defiende entiende que se trata de un homicidio imprudente y que «no existió voluntad alguna» por parte del acusado «de atentar contra la vida» de su cuñado, el minero de 40 años Ángel Gómez, que falleció después de recibir un disparo de escopeta de caza en el domicilio que compartía toda la familia la noche del 30 de abril de 2012.

El acusado celebraba esa noche su cumpleaños y había invitado a dos amigos —acusados ahora de encubrimiento— que dejaron la casa antes del crimen debido, argumenta la defensa, a la tensión que generó entre los dos cuñados la presencia de las niñas en el festejo de su tío.

El letrado de Diego Álvarez, el abogado criminalista Joaquín Quintana, muestra su disconformidad con el relato de los hechos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y pide dos eximentes y un atenuante de la responsabilidad criminal de su defendido, detenido ocho días después del crimen y que trató de simular un robo en el chalé familiar de la calle La Pólvora para ocultar su autoría. «Cualquier actuación llevada a cabo por Diego Álvarez García lo fue en defensa propia y, especialmente, de sus sobrinas menores de edad (...), hijas de don Ángel Gómez Fernández, quienes estaban siendo agredidas por su padre», relata en el escrito de calificaciones al que ha tenido acceso este periódico. El letrado pide así el eximente de legítima defensa. Y a continuación el de «miedo insuperable» que también contempla el Código Penal porque su cliente también actuó movido por «el temor infundido» por la víctima «durante años, incluyendo amenazas de acabar con su vida, no sólo con anterioridad y ante testigos, sino incluso esa misma noche».

La defensa también pide que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas porque durante un año «el procedimiento ha estado paralizado en el Juzgado de Instrucción número tres de Ponferrada, sin justificación alguna para ello, y sin que tal retraso pueda ser achacado a la defensa». El letrado recuerda que su defendido continúa en prisión provisional, ampliada a tres años, y entre enero de 2014 y enero de 2015 no se practicó ninguna diligencia.

El escrito del letrado entiende que debe eximirse de pena a Diego Álvarez,que tenía 28 años en el momento del suceso, pero en el supuesto de que fuera declarado responsable por el jurado, estaríamos ante un delito de homicidio imprudente y no un asesinato.

El letrado aportará un informe pericial de lesiones sobre los moratones que habría sufrido una de las niñas, atendida en Urgencias la misma noche del suceso, informes psiquiátricos sobre Ángel Gómez y el testimonio de peritos con los que tratará de demostrar que la víctima sufría un trastorno de la personalidad y se encontraba en tratamiento.