Instan al traslado de los veterinarios de la Junta a un espacio independiente

La junta de personal del servicio territorial de León volvió a insistir en el día de ayer en la necesidad de dar traslado a los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León, que en la actualidad comparten espacio físico con el resto de dependencias del gobierno autonómico en Ponferrada, al un espacio independiente. Así se volvió a reclamar ayer desde la junta de personal, que anunció la presentación de un informe al comité de seguridad y salud laboral para que dé traslado de la situación en la que realizan su trabajo los empleados ubicados en las dependencias de Agricultura y Ganadería. En este sentido, según apuntó el presidente de la Junta de Personal, Manuel Martínez se trata de «reducir a 0,0 los riesgos que pudieran existir».

Y es que, según apuntó Martínez los catorce trabajadores adscritos a esta unidad no cuentan con unas dependencias con servicios específicos para estos trabajadores, e incluso el acceso a sus dependencias, en muchos casos portando muestras, las tienen que realizar por el acceso general abierto para todo el público.

La junta de personal realizó esta reclamación en el transcurso de una rueda de prensa en la que hicieron balance del último año y de la situación actual del servicio territorial. En este sentido Martínez destacó que de las aproximadamente 1.900 plazas adscritas a este servicio, «el 31% están sin cubrirse, en torno a unas 600 plazas».

En el balance también se pusieron los focos en las carencias que tiene el servicio de Medio Ambiente. En este sentido se volvió a incidir en la necesidad de renovar el parque móvil, ya que «los vehículos tienen una media de 15 años de antigüedad, y con una media de unos 250.000 y 290.000 kilómetros»,informó Pedro Bécares.

En materia de lucha contra el fuego, Bécares denunció que «las labores de prevención prácticamente no existen, y el operativo se reduce a esperar a que llueva para que no se produzcan o se extingan».

El representante de CSI-CSIF en la junta de personal recordó que en torno al 40% de los incendios se registran, precisamente fuera de la campaña contraincendios, a la vez que criticaba que en las contrataciones de las brigadas de lucha contra el fuego, sólo se tengan en cuenta los criterios económicos, con «bajas de hasta el 50%».

Por su parte, Teresa Martínez se mostró contraria con la aplicación de la ley mordaza «que confiere a los testimonios policiales valor probatorio, cuando hasta la fecha sólo tenían valor declaratorio».

Por su parte Inés González se refirió a las medidas aplicadas contra el estamento funcionarial, con la pérdida de poder adquisitivo o la desaparición de moscosos, aventurando que tras los procesos electorales se registrarán nuevos recortes.