TRIBUNALES
Condenan a pagar 150.000 euros por una osteoporosis por mala praxis
El afectado es un minero de Lillo que presenta ahora una incapacidad absoluta
El caso que afecta a un vecino de Lillo del Bierzo fue llevado íntegramente en el TSJ
Se trata de una sentencia firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno. La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha sido condenada por el TSJ a pagar 150.000 euros a un vecino de la localidad de Lillo del Bierzo porque el tratamiento médico que recibió en el Hospital berciano derivó en una severa osteoporosis que hizo que la incapacidad permanente total previa que tenía el paciente se elevase a incapacidad absoluta.
El afectado, D.L.A., de 62 años —minero de profesión y con una incapacidad previa por dolencias relacionadas con el carbón— acudía en octubre de 2007 a urgencias del Hospital del Bierzo. Su diagnóstico era que presentaba un cólico nefrítico y divertículitis. Durante los próximos meses, hasta julio del año siguiente, se produjeron varios ingresos en el centro sanitario por diferentes dolencias. Unas fueron respiratorias, con procesos febriles, Epoc, tromboembolismo pulmonar, colitis ulcerosa y también otras de diversa tipología.
Fue por ello por lo que los médicos determinaron que se le administrara de forma reiterada medicación de corticosteroides durante esos frecuentes ingresos hospitalarios. Una prescripción médica y medicamental correcta para todo lo que padecía este paciente, pero que le fue suministrada en el tiempo de forma reiterada sin que se le aplicaran también medidas compensatorias o correctoras contra uno de los efectos secundarios que producen los corticoides.
Fue así como le apareció al denunciante la osteoporosis, y ésta, al perder potencia su masa ósea, le conllevó fracturas de múltiples vértebras lumbares y debilidad generalizada. Utilizando términos médicos, también se alude a una «multirradiculopatía» (se refiere a la pérdida o disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa). Con ello, al darse la circunstancia de que el paciente presentaba un bajo índice de masa corporal y otras dolencias desencadenaron las secuelas finales aludidas.
La sentencia dictada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León —ganada por el abogado ponferradino Ángel Suárez Blanco, que defendió la causa del minero— viene a decir que la osteoporosis que le incapacitó de manera absoluta podía haberse evitado si se hubieran adoptado medidas preventivas. Y en palabras del letrado, también con «una actitud activa de vigilancia y un plan multidisciplinar por parte del centro sanitario, que no se hicieron durante todo el tratamiento, ni previamente al mismo para conocer las características del paciente, lo que derivó en secuelas graves y en elevar la incapacidad».
La aseguradora de la Administración, Zurich, correrá con buena parte de la indemnización. La sentencia impone las costas procesales a la Administración por la falta de adopción de medidas terapéticas y la tardanza en pronunciarse sobre la reclamación planteada.