Cacabelos
El PP advierte de la ilegalidad del regidor al nombrar al interventor accidental
La Junta rechaza dar su aval a cubrir la plaza de forma temporal con un policía local .
Ayuntamiento de Cacabelos, con la sede la Policía Local en la planta baja, en una imagen de archivo.
El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Cacabelos, Adolfo Canedo, ha advertido de la posible ilegalidad en la que habría incurrido el regidor cacabelense, el socialista Sergio Álvarez, al nombrar como interventor accidental a un policía local «sin ningún tipo de cualificación profesional para realizar las labores de la Intervención municipal y sin la necesaria categoría laboral».
Una advertencia que se hace pública tras conocer la decisión de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León de archivar la solicitud remitida desde el consistorio de la Villa del Cúa para proceder a ese nombramiento provisional. Un nombramiento que vendría a cubrir la vacante existente en la plantilla funcionarial de Cacabelos tras la baja laboral de su titular tras ser denunciado por el regidor de Cacabelos por un presunto delito de agresión y amenazas.
Según Canedo, la decisión del tripartito cacabelense, por la que se habilitaba como Interventor accidental a un funcionario local del grupo C2 «a golpe de decreto de la Alcaldía» para desarrollar funcional de un habilitado nacional de clase 2ª del grupo A1, tendría por objeto «el no dejar de cobrar los suculentos sueldos que se han puesto los miembros del tripartido que gobierna el municipio y las nóminas de los trabajadores y secuaces, algunas de las cuales se han visto incrementadas sustancialmente en los últimos meses», asegura el portavoz popular en Cacabelos. Una situación que éste contrapone a la de los «proveedores y suministradores del Ayuntamiento de Cacabelos, que según nos han hecho saber, no han cobrado sus servicios desde que se produjo la baja del Interventor titular». Canedo, por último, insiste en que el hecho de que el policía local haya estado desempeñando las funciones de Intervención Municipal y de Clavero del Ayuntamiento desde el pasado mes de agosto «hasta el nombramiento de Interventor interino por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio la pasada semana, puede suponer un posible delito de usurpación de funciones, además de la existencia de otras conductas susceptibles de estas inmersas en ilícitos ilegales».