El juzgado aprecia prevaricación en el derribo de un puente en Carucedo
El caso de la demolición del puente sobre una pequeña presa que daba acceso en Carucedo a la casa de la concejala del PP, Ana Blanco, por orden del entonces alcalde, Clemades Rodríguez, sigue adelante en los tribunales. El Juzgado número 4 de Ponferrada ha dictado, en diligencias previas un auto por el que se declara, que de las diligencias practicadas durante la fase instructora se desprende la existencia de «indicios de criminalidad de la presunta comisión de un delito de prevaricación» por parte del ahora ex alcalde, Clemades Rodríguez. El juzgado ordena también dar traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular del auto para que soliciten la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.
El procedimiento judicial se inicia tras la denuncia de Ana Blanco Cobo, edil de la oposición por el Partido Popular en el 2013 en el Ayuntamiento de Carucedo, del que era Alcalde el Clemades Rodríguez, ejerciendo la acusación particular el abogado Javier Barrio González Según consta en la resolución judicial, Clemades Rodríguez, en su condición de alcalde dictó con fecha 17 de septiembre de 2013 una resolución administrativa por la que ordenaba el derribo de la pasarela existente sobre el arroyo La Olga en Carucedo, pasarela o puente que daba acceso a la vivienda de Ana Blanco Cobo. Fue una resolución administrativa de la que previamente fue advertida de ilegalidad en la misma fecha por la secretaria del Ayuntamiento de Carucedo,
Regina Blanco Martínez .
«A pesar del conocimiento de ilegalidad, el señor alcalde contrató verbalmente los servicios de Inversiones Abeto S. L. para proceder a la demolición de la
pasarela, que fue ejecutada a las 07.00 horas del día siguiente 18 de septiembre de 2013», indica en una nota de prensa el abogado Javier Barrio.
El delito de prevaricación, previsto en el artículo 404 del Código Penal sanciona a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo», conducta que se castiga con la pena de «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».
La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma y/o de apelación. Se da la circunstancia que, según ha podido conocer este periódico, de momento la parte denunciada por la concejala del PP no ha presentado recurso alguno. Esto significaría que el ex alcalde de Carucedo se vería sentado en el banquillo de los causados por presunta prevaricación y enfrentado a una posible pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público» por un mínimo de siete años. Rodríguez dejó la alcaldía al final de mandato.