El juez ordena la «ejecución forzosa» del fallo que anuló los sueldos del bipartito

La unidad procesal del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León acaba de emitir un auto por el que ordena al Ayuntamiento de Ponferrada «la ejecución forzosa» de la sentencia dictada el 4 de mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en la que se acordó desestimar el recurso de apelación municipal y, por tanto, declarar nulo el pleno en el que el bipartito del ahora ex alcalde Samuel Folgueral aprobó las dedicaciones. El polémico Pleno —declarado ya nulo el 9 de diciembre de 2014 en sentencia emitida igualmente por el citado Contencioso de León— se celebró el 30 de marzo de 2013, en Sábado Santo.

En aquella sesión plenaria, Folgueral y sus concejales ya habían roto con el PSOE por la moción de censura que arrebató la alcaldía al PP de Carlos López Riesco, aunque votaron con el grupo socialista porque su baja no era efectiva, teniendo como socios de gobierno a los independientes del ex alcalde Ismael Álvarez, de IAP. Así, el bipartito aprobaba en plena Semana Santa, en sesión de urgencia, recortar dos dedicaciones y cien mil euros de sueldos con relación al mandato municipal anterior. Las asignaciones aprobadas en aquel pleno fueron de 58.219 euros brutos para Folgueral, 2.800 euros brutos al mes por su dedicación parcial del 85%.

Para su teniente de alcalde y edil de Hacienda, Fernando Álvarez, se aprobó de aquella 45.213 euros por dedicación exclusiva y otros 45.213 euros para la del edil de Cultura y portavoz, Santiago Macías. A ello se unían los 45.213 para Sergio Gallardo, edil de Deportes que ese día tomaba posesión tras la renuncia de Ismael Álvarez; los 22.666 euros brutos anuales de Emilio Cuelos, e idéntica cantidad para la también edil de IAP, Cristina López Voces. El gasto anual del bipartito del 2013 sumaba 239.058 euros.

Todas estas asignaciones —que vienen a sumar en el caso de los tres ediles que capitaneaba Samuel Folgueral poco más del medio millón de euros durante todo su mandato— es lo que ha sido anulado por el TSJ y que ahora instan a ejecutar sentencia desde el Juzgado de lo Contencioso 3 de León.

En ese auto, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica además que el Ayuntamiento de Ponferrada deberá pagar las costas del proceso judicial.

20 días de plazo

El auto «ordena» a la Administración municipal al «cumplimiento en el improrrogable plazo de veinte días» del fallo judicial y le hace saber que, —de no hacer caso y previo apercibimiento del secretario judicial, con audiencia de las partes— se podrán adoptar «las medidas necesarias para lograr su efectividad». Añade la misma providencia que se pueden imponer multas de 150 a 1.500 euros «a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales», según se especifica igualmente en el auto.