Merayo saca adelante 51,2 millones de presupuesto con la abstención de C’s y el PSOE

Sí había alguna incógnita ayer quedó despejada. La abstención de las dos concejalas de Ciudadanos (C’s), sumada a la que el equipo de «cogobierno» del PP y Coalición por el Bierzo (nueve ediles) había pactado con el PSOE (ayer cinco concejales por la ausencia de Ángela Marqués) permitió a la alcaldesa Gloria Fernández Merayo sacar adelante los primeros presupuestos de su mandato en minoría. La portavoz de C’s, Rosa Luna esperó hasta una hora antes de la sesiónplenaria para confirmar la abstención de su grupo y la corporación aprobó, con los votos en contra de USE-Bierzo, Ponferrada en Común (PeC) y el Partido Regionista del Bierzo (PRB) —ocho ediles en total—, un presupuesto municipal de 51,8 millones de euros para este año, 52, 7 sí se suman en las cuentas consolidadas los fondos que recibirá el Patronato de Fiestas, el Instituto Municipal de Empleo (Imfe) —que no puede pasar de 200.000 euros anuales hasta 2020 al estar incluido en el Plan de Ajuste— y Pongesur.

La posición de C’s, que volvió a marcar distancias con el equipo de gobierno para situarse en la oposición, a pesar de que Luna diriga el Imfe, no fue finalmente un obstáculo para que el proyecto de presupuestos dictaminado a favor por la Comisión de Hacienda la pasada semana pasara el trámite del Pleno.

En rueda de prensa primero, minutos antes del Pleno, y durante su intervención en la sesión, Luna justificó su abstención después de que el PP haya alcanzado con C’s acuerdos puntuales para incluir mejoras en obras, empleo, acción social y turismo a partir de partidas globales ya cerradas —aseguró— y una mayor «implicación» de su grupo en el desarrollo de los proyectos, desde el Banco de Locales al Centro Logístico.

La alcaldesa insistió en que el presupuesto de 2016 es «realista» y no está vinculado a ingresos «futuribles» como la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, pero sí condicionado por «pagos que dejaron de hacerse en el anterior ejercicio» como es el caso de 3,6 millones de euros destinados a amortizar deuda y satisfacer intereses. A su lado, la edil de Hacienda, Amparo Vidal, aseguró que el presupuesto incluye finalmente los 360.000 euros del plan de empleo de la Junta de Castilla y León que no ejecutó el anterior equipo de gobierno —«se adicionarán», aseguró— y, como se negoció con el PSOE, suponen un aumento de fondos sociales y de cultura. Vidal insistió especialmente en que no se está produciendo carencias en el servicio de ayuda a domicilio, que estaba «sobredimensionado» (pasa de 90.000 a 72.000 euros) y ningún usario están dejando de ser atendido.

Los socialistas volvieron a defender su abstención en los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno para incrementar las partidas sociales y de cultura, actuar en el barrio de Compostilla, en la ladera del Castillo o el Pajariel y por «responsabilidad», afirmó Olegario Ramón, para no seguir funcionando con un presupuesto prorrogado. Ángela Marqués justificó su ausencia «por cuestiones laborales», informó la propia alcaldesa. Desde CB, Pedro Muñoz elogió después el trabajo de Amparo Vidal y jutificó su voto a favor por «lealtad institucional».

Más duros se mostraron los tres grupos que votaron en contra. El portavoz de USE, Samuel Folgueral justificó el voto en contra ante la falta de consenso de un presupuesto que tampoco, entiende, pueda calificarse de social y «fomentador» de empleo. Y lamentó el recorte de 290.000 euros en el presupuesto social, especialmente en ayuda a domicilio. Folgueral calificó de «irreal» las cuentas porque, había aseurado, incluyen medio millón de euros de ingresos en concepto de la devolución de los sueldos del anterior equipo de gobierno tras la sentencia judicial que los anuló. El mismo argumento empleó el edil del PRB, Tarsicio Carballo. «Sería inconstitucional» afirmó. Carballo reclamó una bajada de impuestos de multas.

El portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, rechazó los presupuestos porque no han contado con la participación de los ciudadanos, incluyen 900.000 euros por déficits de explotación de servicios privatizados que deberían «rescatarse» y no dedica suficientes fondos a emergencias sociales.