El Común denuncia el gueto gitano en el que se ha convertido el colegio La Puebla
Reclama a la Junta un reparto más equitativo de alumnos inmigrantes y de minorías étnicas
El colegio La Puebla estaba ayer cerrado por las vacaciones, pero a sus escasos 32 alumnos les sobra espacio en el centro. L. DE LA MATA
C. FIDALGO | PONFERRADA
Llegó a tener setecientos alumnos y hoy sólo lo enseña a 32, todos de etnia gitana, hasta el punto de haberse convertido en el ejemplo más claro de «escuela gueto» de Castilla y León, según una resolución del Procurador del Común, que lo ha tomado como ejemplo para reclamar a la Junta «un reparto más equitativo» de los alumnos de minorías étnicas para evitar los casos de «segregación escolar».
Es el colegio La Puebla de Ponferrada, que a pesar de encontrarse en una zona muy poblada de la ciudad y próxima a edificios importantes del entramado urbano como la Casa de la Cultura, el Palacio de Justicia o la Comisaría de Policía, no ha dejado de perder alumnos en los últimos años hasta convertirse en un gueto donde sólo las familias del poblado gitano situado en la otra orilla del río Sil matriculan allí a sus hijos.
La resolución que la oficina del Procurador del Común hizo pública ayer recuerda que en la zona existen otros centro escolares como los colegios públicos Peñalba y Campo de los Judíos y los concertados San Ignacio y Espíritu Santo y sin embargo se produce una concentración de alumnado procedente del asentamiento romaní en el colegio Peñalba, donde además, se da la circunstancia de que 17 de sus 32 alumnos tienen necesidades de apoyo educativo específico.
El Procurador del Común reclama a la Consejería de Educación que planifique otra estrategia de matriculación que favorezca la integración de los alumnos inmigrantes «o de minorías étnicas con condiciones socioculturales desfavorecidas», y a la vez permita «minimizar los guetos» en los que se han convertido los colegios afectados. Las recomendaciones del equivalente en Castilla y León de la oficina del Defensor de Pueblo recuerda que sus recomendaciones a la Junta para evitar la segregación escolar se producen tras la presentación de un queja por la situación del colegio público La Puebla que denunciaba la concentración de alumnos de étnica gitana, lo que supone «el reconocimiento de una clara discriminación y el mantenimiento de los prejuicios tradicionales contra la raza gitana», explica la resolución.
El Procurador del Común recuerda que hace tres décadas sólo un 30 por ciento de los menores gitanos acudían a la escuela con regularidad, la mitad de los menores no estaban escolarizados y apenas «un porcentaje muy bajo llegaba a la Enseñanza Secundaria». Los resultados educativos tampoco se correspondían con el tiempo de escolarización. En las dos últimas décadas se ha producido «una escolarización casi total» de la población gitana y el establecimiento de programas de compensación educativa y de apoyo a l matriculación de la población romaní. Sin embargo, advierte el Procurador del Común también se han vuelto evidentes «algunos problemas de la política educativa que consolidan la discriminación y el mantenimiento de prejuicios «contra los gitanos en particular (y contra los pobres en general) que hace imposible el mandato constitucional de igualdad de oportunidades.
Se refiere el Procurador del Común al doble sistema educativo —público / privado o concertado— que estaría «legitimando la diferenciación social» porque las estadísticas confirman «la inexistencia de menores gitanos en la escuela privada y muy pocos en la concertada». Y añade que, aunque «cada familia tiene sus motivos y justificaciones para elegir un centro u otro, el efecto conjunto que produce esta opción personal legítima es la consolidación de un sistema educativo segregado que no asegura la igualdad de oportunidades del alumnado, convirtiéndose para la administración educativa en una grave responsabilidad política».