«Sería aconsejable contar con un octavo fiscal en Ponferrada»

DL | Ponferrada

Descontento con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acorta a seis meses el periodo de instrucción para las causas menos graves y por tanto «debe mejorarse», crítico con los bajos ratios de jueces y fiscales por habitante en España y el escaso presupuesto que de forma «endémica» han dedicado los distintos gobiernos a la Justicia en comparación con otros países de Europa, el fiscal jefe de Área de Ponferrada, Jacinto Villalvilla tiene claro que la mejor forma de agilizar la administración judicial pasa por aumentos de personal y en esa línea enmarca su petición de un octavo fiscal para el Bierzo. «Sería aconsejable», aseguró ayer durante la entrevista que concedió al programa La Tertulia que emite La 8 de RTCYL en colaboración con Diario de León.

Villalvilla resaltó que la Fiscalía de Área ya ha contado con un fiscal de refuerzo durante la revisión la reciente revisión de las causas judiciales con la entrada en vigor de la nueva ley. Sólo así ha sido posible inspeccionar hasta 1.200 procedimientos y pedir la complejidad —paso necesario para ampliar el plazo de instrucción de seis meses a un año— para 223 de las causas.. La nueva ley, unida a la digitalización pionera de los juzgados de Ponferrada «ha supuesto un incremento notable del trabajo» y «no se puede atender todo y bien» si no hay «un incremento del personal y las plantillas», afirmó. Y reveló que de no contar con dos funcionarios de refuerzo cuya plaza debe confirmarse constantemente, la Fiscalía de Área, con siete fiscales y cuatro funcionarios fijos sería la peor dotada de personal de España.

El fiscal jefe de Área de Ponferrada no se atrevió a pedir públicamente la derogación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero si reconoció que «debe mejorarse» porque existe el peligro de que muchas causas se queden a medio instruir, lo que podría derivar en la impunidad de algunos delitos, por falta de tiempo. «Existe riesgo de ello», reconoció a preguntas de los periodistas. Y recordó que pruebas periciales de armas o caligráficas pueden precisar un año, o incluso dos si son sobre toxicología. Villalvilla alertó de que el verdadero problema con los retrasos de la Justicia que alargan en el tiempo la condición de investigado —anteriormente imputado— se produce después de la fase de instrucción, en la demora en convocar los juicios. De ahí que afirmara que dejar en seis meses el periodo de instrucción para causas menos graves «no tiene sentido», como tampoco lo tiene que la Fiscalía tenga que pronunciarse sobre la complejidad de los casos antes de la instrucción. «El sistema que se ha creado es realmente imperfecto y genera riesgos», alertó.

Villalvilla había comenzado el programa respondiendo a preguntas sobre la digitalización de los juzgados de Ponferrada. El responsable de la Fiscalía de Área desde 2009 advirtió de que el proceso no será completo hasta que otros organismos como la Policía y la Guardia Civil, o los hospitales remitan también la documentación de forma digital y no en papel, obligando a escanear todos los expedientes. Villalvilla entiende que la digitalización debería llevarse a cabo «de una manera más escalonada porque un cambio tan radical es difícil que funcione al cien por cien todo el tiempo».

El fiscal jefe también aseguró que ha habido «falta de previsión» a la hora de diseñar el nuevo edificio de los juzgados de Ponferrada. Y puso como ejemplo los 30 grados de temperatura que llegan a registrarse en invierno en las dependencias de la Fiscalía cuando el sol da de lleno en las cristaleras de la fachada y no es posible usar el aire acondicionado porque está puesto el ciclo de la calefacción. También, como hiciera hace unas semanas la jueza decana, reconoció que los sótanos donde se encuentran los archivos sufren un riesgo contante de inundación debido a las corrientes de aguas subterráneas que van al vecino río Sil y las bombas de agua tienen que estar funcionando de forma permanente.

Villalvilla acudió a la entrevista bien documentado sobre los ratios de jueces y fiscales y alertó de que España apenas cuenta con la mitad que en Europa (11,3 jueces por cada cien mil habitantes frente a la media europea de 21 y 5,3 fiscales frente a los 11,8 de Europa) y sobre el gasto por habitante en la Justicia, que con 32,4 euros por persona nos sitúa claramente por debajo de la media europea de 42,6 euros y muy lejos de los 114 euros de Alemania, incluso de los 58 euros de Portugal y los 47 euros de Polonia. De ahí que opinara que la mejor forma de agilizar la Justicia pase por un incremento del personal y del presupuesto. «La Justicia ha sido la Cenicienta de los presupuestos a pesar que quienes trabajamos en ella nos la tomamos con mucho interés, pero es que arrastramos situaciones endémicas». Villalvilla valoró la independencia de jueves y fiscales y aseguró que nunca ha sufrido «ninguna intervención» externa en su tarea.

Incendios forestales

El fiscal jefe de Ponferrada acabó su intervención en La Tertulia recordando que siempre ha sido partidario de que los jurados populares no se ocupen de los casos de incendios forestales. Reconoció que es «casi imposible» contar con pruebas directas de la participación de un acusado en un incendio y aseguró que en los dos últimos casos en los que ha intervenido —el incendio de Porcarizas en la Reserva de Caza de Los Ancares y el del Pajariel— y que terminaron con la absolución de los dos acusados, la Fiscalía hizo lo necesario para poner en valor la labor previa de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Policía Local de Ponferrada.