Denuncian a la Seguridad Social por las inspecciones en vendimia
Presentan un ilícito penal en el juzgado por la aplicación de la ley contra la inmigración.
García posa con la denuncia presentada en los juzgados. BARREDO
j. c. f. | Ponferrada
«Desde que con el anterior gobierno se comenzó a aplicar la ley contra la inmigración ilegal en la vendimia, la gente ha abandonado las viñas», afirmación el viticultor Daniel García después de presentar este jueves en los juzgados de Ponferrada un ilícito legal contra la Seguridad Social en la que la responsabiliza de aplicar esta ley «sin cumplir lo que en ella se establece para los que realizan las inspecciones».
Y es que según García, quien está a favor de la regulación de las contrataciones de temporeros para la campaña de vendimia, «la ley contra la inmigración ilegal obliga a los inspectores a ser perfectos conocedores del sector en el que van a intervenir. Y éste no es el caso».
Daniel García, que ha sufrido en los últimos años inspecciones en vendimia que se han traducido en sanciones que han llegado a alcanzar los 10.000 euros por el simple hecho de que en la tramitación del alta de dos de sus vendimiadores se produjeron sendos errores tipográficos con su nombre, ha recurrido al amparo de la justicia después de constatar el «profundo daño que está provocándose a la viticultura del Bierzo con el miedo que han metido a los viticultores que no han dudado en dejar abandonadas sus viñas centenarias por temor a estas sanciones».
«No dudan a la hora de imponer sanciones a pesar de conocer el espíritu de la Ley, reflejado en el preámbulo de la misma, que se enfoca muy especialmente a apoyar a los emprendedores y a la flexibilidad interna del emprendedor», apunta en su denuncia presentada ante el Juzgado de Guardia de Ponferrada.
En el escrito de la denuncia también se refiere a que «la Ley les exige el conocimiento del sector (a los inspectores) y si así fuera serían perfectamente conscientes de la difícil realidad de las contrataciones en una vendimia tan corta, con tiempo tan variable, dificultades para contratar gente de hoy para mañana, condicionantes como el grado y las características de la uva que pueden detener la vendimia de un día para otro y demás», algo que, al juicio de García no se tiene en cuenta a la hora de las inspecciones, convirtiendo éstas en «simples justificaciones para las sanciones».
El denunciante, sabedor de las dificultades que entraña el camino que ha emprendido en su batalla contra la administración — «yo no hago esto para que me quiten una sanción, que presentando un Contencioso Administrativo, con las pruebas que tengo, lo tendría ganado» — lo que pretende es «despertar al sector para que sea consciente de lo que está pasando. Porque, sino se frena este proceso, las bodegas, que ahora no están haciendo nada, ¿de dónde van a sacar la uva que necesitan?».
Según García, sólo en esta última cosecha se habrán dejado de atender en torno a 200 hectáreas de viñedo, una cifra que rondaría las 3.000, según sus cálculos desde que se comenzó a aplicar esta ley contra la inmigración ilegal y el fraude.
Para analizar la situación y buscar soluciones, García propone la celebración de una mesa redonda antes de la próxima vendimia de cara a encontrar una solución entre todos los agentes implicados: viticultores independientes, socios de cooperativas, bodegas, Seguridad Social y Guardia Civil.