Acuerdo en las Cortes para que la A-76 se considere prioritaria para recibir fondos

El PP compromete apoyo parlamentario y el PSOE elevará el asunto a Pleno en noviembre.

Imagen de la N-120, actual conexión entre Ponferrada y Orense, en imagen de archivo. L. DE LA MATA

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León

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m. c. | ponferrada

Objetivo conseguido. El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León comprometió ayer su apoyo al proyecto de la autovía Ponferrada-Orense (A-76) en el debate de la moción presentada por el PSOE para que dicha infraestructura fuera equiparada a la A-60 (León y Valladolid) a la hora de pedir fondos al Gobierno central. El PP garantizó respaldo parlamentario y emplazó a los socialistas a que presenten una PNL para solicitarlo formalmente, como su grupo hizo ayer con la A-60. Iniciativa que, dicho sea de paso, obtuvo el respaldo de los socialistas. Fue el ex consejero de Fomento y actual alcalde de León, Antonio Silván, el que realizó tal requerimiento, adelantando que su grupo apoyará cualquier infraestructura viaria que sea buena para León y para Castilla y León. «Que no le quepa ninguna duda», le respondió al procurador socialista Tino Rodríguez.

Así pues, el asunto será elevado al Pleno de las Cortes en noviembre, según avanzó ayer Rodríguez, que celebró que su iniciativa haya «propiciado un acuerdo para que la A-76 sea considerada prioritaria en las Cortes» y uno de los ejes fundamentales de la comunidad.

La PNL que devolverá el debate sobre la autovía Ponferrada-Orense al Hemiciclo autonómico «instará a la Junta de Castilla y León a que se dirija al nuevo Gobierno de España para que se agilice la ejecución de los proyectos y obras del conjunto de la A-76, disponiendo los recursos presupuestarios para ello», argumentó el líder de los socialistas

En su intervención en las Cortes, Tino Rodríguez recordó el histórico de compromisos incumplidos que ha tenido que sufrir esta infraestructura y culpó a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia del «bloqueo» que ejercieron al proyecto entre 2004 y 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España. Acusó a ambas administraciones de «mantener guardado en un cajón el necesario informe de impacto ambiental».

Más allá de 2011 —denunció el parlamentario socialista en su intervención— «el PP en el Gobierno pasó a paralizar las inversiones».

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Un legado que el PSOE quiere revertir y por eso ha reabierto un debate que, de momento, ha alcanzado un punto de acuerdo parlamentario.