El fiscal general cambiaría la ley si la condena de Cassandra «fuese incorrecta»
agencias | madrid
La resaca de la condena a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional impuso a la tuitera de origen berciano Cassandra Vera por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, después de que hiciera chistes en la red social sobre el atentado de ETA al almirante Luis Carrero Blanco ha tenido eco en la cúpula del Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recordó el viernes que el fallo no es definitivo y que «todas las sentencias son recurribles» en casación ante el alto tribunal, mientras que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, prefirió no opinar hasta que la resolución no sea firme, aunque aseguró que si el fallo «fuese incorrecto habría que modificar la ley si es necesario». «Pero si fuera correcta tendría que mantenerse la ley», aseguró durante la inauguración de una sede judicial en La Coruña.
Maza abrió así el debate jurídico sobre la pervivencia de este tipo penal recogido en el artículo 578 del Código Penal, que fue introducido en la reforma de 2001 y reforzado en 2015, tras el pacto antiyihadistas firmado por PP y PSOE. Esta reflexión del fiscal general llega después de que formaciones como Podemos o Izquierda Unida hayan propuesto derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo. El PSOE también mostró su disposición a ajustar este tipo penal para que no se use para condenar otra clase de actitudes, aunque consideró «imprescindible» que se mantenga, al igual que el PP y Ciudadanos.
Mientras tanto, la defensa de Cassandra Vera ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria, ya que considera «inverosímil» tanto en la pena impuesta como en el sentido condenatorio de la misma.
«Han hipotecado su futuro»
Cristóbal Gázquez, portavoz del despacho de abogados BGD, informó de que la casación se presentará por haber «hipotecado» el futuro de su cliente, una estudiante de historia de 21 años de la Universidad de Murcia cuyos padres viven en Lillo del Bierzo. «No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a una beca y han destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida», se quejó Cassandra el miércoles pasado tras conocer el fallo que la condenaba por enaltecimiento del terrorismo.