La acusación que condenó al alcalde de Congosto recurrirá ante la Audiencia

M. Félix | Ponferrada

José Roibás Vázquez, abogado de Santiago de Compostela que llevó la denuncia de la vecina de Almázcara, Judith García, que ha desencadenado la reciente sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal de Ponferrada de inhabilitación por siete años para el alcalde de Congosto, adelantó ayer que presentarán recurso ante la Audiencia Provincial de León, al igual que el regidor José Antonio Velasco.

Roibás Vázquez, en nombre de su clienta, se puso en contacto con este periódico y dijo que valoran el recurso porque la sentencia les parece «muy tibia», en contra de lo dicho por el alcalde. «No es por un simple contador por lo que le meten siete años de inhabilitación», indicaba ayer el letrado que ganó en primera instancia.

«Jurídicamente es una sentencia buena, bien argumentada; pero hay dos partes de la sentencia; una la de la caseta de la luz, que estamos totalmente de acuerdo con la sentencia; el alcalde dijo que no era proporcionada y nosotros decimos que lo que no ha sido proporcionada ha sido la actuación del alcalde, en la medida en que en el mismo día que se solicita la licencia se concede sin contar con informes técnicos ni jurídicos, a pesar de que en el Ayuntamiento había una secretaria», indica el abogado. Añade que, «no solo eso, no solo se concede licencia en el mismo día que se solicita, sino que mi clienta, Judith, presentó más de quince escritos al Ayuntamiento instándolo a que se dejase sin efecto la licencia y se paralizase la obra de la cochera». Ninguno de esos 15 escritos fueron contestados desde el consistorio.

«En un estado de derecho, un alcalde debe saber que los ciudadanos tienen un derecho de petición y un derecho a ser contestados; pues en más de quince escritos presentados, ninguno fue contestado», remarca Roibás.

Además, recuerda el mismo letrado que el Procurador del Común también requirió al alcalde en varias ocasiones y no dio ninguna contestación. «Por tanto, entendemos que la sentencia es muy ajustada y la actuación desproporcionada no fue la del juez, sino la del alcalde condenado».

Cuenta Roibás que se dio un perjuicio moral y económico importante a su clienta. En la parte del contador de la vía pública, a pesar de los requerimientos hechos al Ayuntamiento tuvo que acudir a un Contencioso, con los correspondientes costes. Recuerda que la licencia solicitada fue para colocar un contador en la vía pública, cuando es sabido que no se puede conceder licencia para ello, sino es a través de concesión administrativa. Y es en la segunda parte de la sentencia, donde se imputa un delito de prevaricación por omisión en relación a la cochera. «Se estaba construyendo sin licencia y hay datos relevantes como que mi cliente presenta denuncia a través de Correos y el mismo día que se presenta, el día antes de llegar la denuncia al Ayuntamiento, el alcalde paraliza la obra y la persona que está haciendo la obra solicita la licencia; es decir, es un tema que no se ha investigado en su momento, pero es relevante, cómo el Ayuntamiento paraliza la obra si no tenía constancia; se paraliza la obra y no tramita ningún expediente de reposición de legalidad»