Le piden cinco años de cárcel por trucar cuentakilómetros

J. C. F. | Ponferrada

Un exresponsable de un concesionario de automóviles de Ponferrada, cuya identidad se corresponde con las iniciales J.A.M.G., se enfrenta a una petición de condena de cinco años de prisión acusado de haber cometido, presuntamente, un delito de estafa y otro de falsedad documental en la venta de automóviles de segunda mano.

Un caso que será visto en próximas fechas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada y que arrancaba con la denuncia de un particular que adquirió en el mes de junio de 2015 un vehículo en el concesionario que del que era representante legal el acusado. «Mi cliente adquirió en ese concesionario, con esa fecha, un vehículo Chevrolet Nubira, asegurándole que el coche estaba en perfecto estado, que había sido vehículo que pertenecía a un residente en Suiza y que tenía un estado óptimo de conservación y que el automóvil contaba con 132.000 kilómetros, como se reflejaba en el cuentakilómetros», apunta el abogado de la acusación, el joven letrado Luis Ramón González.

Sin embargo, según señala Ramón en su escrito de acusación, a los pocos días de la operación de compraventa, nada de eso se demostró como cierto. «Desde el primer día aparecieron los problemas. Lo que se vendió como un coche de un particular se descubrió que había sido un taxi, y los 132.000 kilómetros que marcaba el cuentakilómetros se pudo constatar, a través de los registros de la ITV de los años 2014 y 2015 eran, en realidad, 351.493 y 367.014 respectivamente», señala Ramón, quien cree que esta misma forma de proceder se podría haber realizado en más de una ocasión «pero la gente o no se ha enterado, porque el vehículo de segunda mano que adquirió no le ha dado problemas o han preferido no complicarse la vida».

Todo lo contrario que su cliente quien ha querido llevar este caso hasta las últimas consecuencias al «sentirse engañado en todo momento, y no darle ninguna solución definitiva. Sólo se han querido ir poniendo parches, como cuando a los quince días de la adquisición del automóvil tuvo llevarlo al taller que el vendedor le indicó. Allí le sustituyeron el cambio automático por uno manual, y como ya sospechaba de ellos, fue a consultar a la ITV, donde le confirmaron que el cambio debía estar homologado por el Ministerio de Industria y si no lo hacía antes de pasar la ITV, la documentación del coche quedaría retenida. Descubierta la situación, en el taller se negaron a darle una solución».

Por todo este cúmulo de circunstancias y ante la previsión de que la misma situación se hubiera planteado en otros casos, el comprador decidió emprender acciones legales. Un procedimiento en el que su representante legal pide la imposición de esa condena de cinco años de prisión. Por el presunto delito de estafa que habría cometido J.A.M.G. en la operación de compraventa antes descrita, la acusación solicita tres años de prisión, mientras que por el presunto delito de falsedad documental, la pena planteada es de dos años. Por su parte el Ministerio Fiscal sólo aprecia un delito de estafa, reclamando la misma pena que la acusación particular. Ésta también plantea que el acusado sea inhabilitado durante tres años para ejercer sufragio pasivo, así como para el ejercicio de vendedor de vehículos por ese mismo periodo. Asimismo la acusación reclama el importe del préstamo suscrito con la financiera de la concesionaria «y que en la actualidad mi cliente sigue abonando».