Los secretarios rebaten a Román Díaz sobre las advertencias de ilegalidad

dl | Ponferrada

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de León quiso salir al paso en el día de ayer, a través de una nota de prensa, de las manifestaciones realizadas por el regidor de Castropodame, Román Díaz, en las que «residenciaba la causa de las resoluciones que llevan a la condena penal de los munícipes en los Secretarios Interventores, por no informar previamente de las resoluciones que luego resultan penalmente ilegales», que «fue precisamente el partido político al que pertenece el alcalde opinante, el que allá por el año 1986, en pleno inicio de la expansión del poder político para invadir todas las esferas públicas y sociales (lo que nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos, porque quienes le sucedieron tampoco viraron ese rumbo) el que eliminó de la ley la potestad de los Secretarios de Entes locales de hacer motu propio las advertencias previas de ilegalidad, obligando al Secretario a limitarse a informar cuando se lo solicitara el propio Alcalde o cuando una ley expresamente requiriese su informe previo».

Pese a esta aclaración, desde el colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros se apunta que, «el alcalde puede solicitar tal informe previo de legalidad al Secretario, si una medida que va a adoptar le suscita dudas sobre su posible ilegalidad».

Por último, aclaran que «si el regidor adopta de buena fe una medida sin informe previo del Secretario, y aunque esta medida resulte ilegal en el orden contencioso-administrativo, no debe preocuparse el Alcalde de ser condenado penalmente, porque la jurisdicción penal sólo aprecia delito, con carácter general, si existió dolo o voluntad consciente probada de cometer la ilegalidad delictiva».