El TSJ obliga a demoler las obras del cementerio de Cacabelos

Manuel Félix | Ponferrada

En la partida de ping pong o frontón judicial en lo que parece haberse convertido la política municipal de Cacabelos, ayer le tocó golpear duro al actual alcalde socialista y sus socios del tripartito contra los ahora ediles del PP en la oposición, con el ex regidor Adolfo Canedo a la cabeza. El actual mandatario socialista, Sergio Álvarez, convocó a los periodistas para contarles que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia firme y orden de ejecución con la que básicamente anula las obras de ampliación del cementerio municipal y obliga ahora al Ayuntamiento a reponer todo como estaba anteriormente. Esto supone un revés o quebranto económico a las arcas municipales de unos 250.000 euros. Es decir, 200.000 euros tirados a la basura, que fue lo que costó la construcción de la ampliación y demás actuaciones, y los 50.000 euros que, según las cuentas del actual regidor costará demoler todo y dejarlo como en origen, incluso con la plantación de árboles que fueron arrancados de la finca expropiada objeto y origen del litigio judicial propugnado por sus propietarios.

Para el actual equipo de gobierno del tripartito de Cacabelos, el culpable de todo este quebranto económico es el anterior alcalde, el popular Adolfo Canedo, ahora en la banca de la oposición del PP, para los que ayer solicitaron no solo su dimisión en bloque, sino que también corran con el pago de su bolsillo de todo este revés económico. Y esto, porque fueron ellos los que decidieron la ampliación en el pleno municipal del 5 de septiembre de 2013. Pero a mayores, culpan a Canedo porque se empecinó en no pagar una parte de los 800 metros cuadrados de una finca que lindaba con el cementerio.

En concreto, el Ayuntamiento le cogió a los particulares 860 metros, pero no les pagaban 173,6 metros cuadrados, que le fueron reclamados por sus propietarios, y que fueron valorados en el justiprecio exactamente en 3.796,12 euros. Por eso, según decía ayer el actual alcalde y sus socios del tripartito, lo que podía haberse solucionado con unos 4.000 euros, por la decisión unilateral de Adolfo Canedo de no querer llegar a un acuerdo con los propietarios, se va a convertir ahora en un quebranto económico de unos 250.000 euros para todas las personas empadronadas en Cacabelos. Sergio Álvarez y el resto de concejales del equipo de gobierno se quejaban de que, con esta orden judicial de ejecución de sentencia, no podrán realizar obras que tenían proyectadas. Es más, preguntado por este periódico si disponían ahora mismo de liquidez en las arcas municipales, la respuesta fue que no, dado que, aún cuando han bajado la deuda municipal, la situación sigue siendo pésima. «Pedimos al PP explicaciones sobre las razones para imponer una obra sabiendo de su ilegalidad», decía ayer el alcalde de la villa del Cúa. Es más, la situación podría complicarse todavía más, dado que hay informes técnicos favorables para la obra. El Ayuntamiento buscará ahora otra ubicación para ampliar el cementerio, dado que se ve obligado a dejar todo como estaba anteriormente a la expropiación de la finca particular.