Los Verdes llevarán a Europa el «fraude» de la restauración de los cielos abiertos

El que fuera eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, el mismo que hace 15 años inició en Europa los expedientes por los cuales se condenaron a España por la ilegalidad de los cielos abiertos en Laciana y Babia, prepara una nueva demanda para denunciar lo que para él es el «gran fraude» que supone la restauración de estas zonas afectadas durante décadas por la actividad minera.

«Es una estafa a la ciudadanía, ya que las estamos pagando los contribuyentes cuando la tenían que pagar las empresas», explicó este sociólogo y político ecologista español de origen estadounidense, que recuerda que el hecho de que las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, asuma los millonarios costes que supone la recuperación ambiental de las zonas degradadas por la minería «vulnera la normativa europea que dice que quien contamina paga».

Según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, las restauraciones ambientales de las cortas de Laciana suponen un gasto de cerca de 36 millones de euros para la Junta de Castilla y León, ya que el aval de la empresa minera, en este caso de la MSP —propiedad de Victorino Alonso—, no supera los 2,7 millones, lo que no llega ni al ocho por ciento del total invertido. Las empresas mineras tenían la obligación de depositar en la Junta un aval fijado por Medio Ambiente que garantie la reforestación y restauración de los cielos abiertos una vez concluidos los trabajos de explotación, algo que no se ha cumplido. Se calcula que la restauración ambiental tiene un coste de 15.134 euros por hectárea.

Las primeras denuncias sobre la ilegalidad de cielos abiertos de Laciana y Babia se presentaron en 2001 por grupos ecologistas locales como Filón Verde y otros, pero no fructificaron ante la Comisión Europea, «por falta de acción tanto europea como estatal», explica Hammerstein que recuerda que en el año 2004, cuando él ya estaba en el Parlamento Europeo como titular de La Comisión de Peticiones, se inició el trámite de la petición sobre la ilegalidad de los cielos abiertos de Laciana y Babia. En 2005, la CE envió una carta al Gobierno de España para comunicarle el inicio de un expediente y ante falta de respuesta del Gobierno español se formuló un dictamen motivado en el que se daba un ultimátum. «O daban una respuesta satisfactoria a las demandas de ilegalidad de las minas o llevarían el caso al Tribunal Europeo de Justicia, que fue lo que finalmente paso», explica el exparlamentario.

En noviembre de 2011 el Tribunal Europeo de Justicia condenó al Reino de España por contravenir varias directivas medioambientales europeas, lo que provocó la paralización cautelar de la corta de Nueva Julia, y el cierre de Fonfría para la actividad económica y laboral de las comarcas afectadas.

Antes de esas fecha, la justicia española ya había ordenado el cese de actividad por falta de licencias de actividad y de estudios de impacto ambiental.

Hammerstein recuerda que «durante todo este tiempo se produjo un ambiente de impunidad, de amenazas y de pasividad temeraria de las administraciones locales, autonómicas y estatales, ante unas ilegalidades manifiestas». De hecho asegura que muchas personas en Laciana, algunos de ellos exmineros, y que apoyaban la posibilidad de otra economía al margen del carbón, «sufrieron tremendamente en un estado de indefensión el hostigamiento incitado por los responsables de las minas».

El ex diputado europeo afirma que hubo muchos actos de violencia, pintadas contra Los Verdes, contra algunos concejales contrarios a la actividad minera, agresiones físicas y amenazas que convirtieron a Laciana en una especie de «Salvaje Oeste», donde imperaba la ley del más fuerte. «A partir de la sentencia europea de 2011 y el cierre de las minas ha comenzado una normalización democrática del Estado de Derecho en la zona», explica.

Este sociólogo considera que la responsabilidad también es de la Junta de Castilla y León y del Estado por haber permitido esas «ilegalidades y disfrazarlas con artimañas, con una trama de favores, de intereses políticos y personales que no ha querido reconocer la realidad de que la época de depender económica del carbón ya se había acabado hace 15 años». Además considera que «Victorino Alonso no pudo cometer todas esas ilegalidades sin la vista gorda de las administraciones», aunque cree que «la pasividad de las autoridades tampoco justifica su ilegalidad y esa es la estrategia que están utilizando los abogados del empresario minero en sus juicios».