Veinte sentencias de muerte

Todo comenzó con la detencion de Antolín Toribio González, minero de 25 años, soltero y natural de Noceda del Bierzo pero residente en Boeza, que había logrado huir a Asturias cuando el ejercito sublevado contra el Gobierno de la República entró en Bembibre en el verano de 1936. Toribio se había unido en las primeras horas del golpe a un grupo de civiles que recorrió la ribera del Boeza en busca de armas y que, en dos camionetas y un turismo requisados, se había traído de Villablino entre 30 y 40 cajas de dinamita para organizar la defensa de la capital del Bierzo Alto. Cuando los sublevados entraron por fin en Bembibre, cuenta el historiador Alejandro Rodríguez, huyó junto a otros hombres por Tremor de Arriba y Colinas del Campo, hasta ponerse a salvo. A Toribio, herido en dos ocasiones en aquellos meses, lo detuvieron finalmente en Vigo el 9 de noviembre.

Y esa es la fecha que marca el inicio del proceso que derivó en un consejo de guerra celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ponferrada el 26 de febrero de 1937 y que llevó ante un pelotón de fusilamiento a veinte vecinos de Bembibre y de otros pueblos Bierzo Alto, veinte sentencias de muerte que se ejecutaron tal día como hoy de hace 82 años, un 5 de mayo de 1937, y que acabaron, entre otros, con la vida de Antolín Toribio, del juez municipal Eugenio Álvarez, y del último alcalde republicano de la localidad, el comerciante de 41 años Arturo García Alonso, condenado por organizar la resistencia contra el golpe militar.

Arturo García, cuenta Alejandro Rodríguez, «trató de mantener el orden constitucional» cuando se supo de la sublevación militar y logró imponer su autoridad como alcalde al comité revolucionario que surgió tras las primeras noticias del golpe. «Indicó a tenderos y banqueros que no se entregase ningún género ni dinero sin autorización de la alcaldía», escribe Rodríguez en el octavo libro sobre la historia de la provincia entre la dictadura de Primero de Rivera y los primeros años de la posguerra que Diario de León distribuirá con el periódico el próximo 19 de mayo.

En aquellas primeras horas después del golpe, se había formado un comité revolucionario en Bembibre y afiliados a la UGT a Izquierda Republicana y simpatizantes del Frente Popular requisaron armas en los pueblos de la ribera del Boeza, efectuaron algunas detenciones en la villa —para evitar que el golpe prosperara y siguiendo órdenes del Gobierno Civil transmitidas al alcalde— se encargaron de hacer guardias en la prisión, donde había 25 detenidos, y, con autorización municipal, hicieron un viaje a Laciana para traer dinamita con la que fabricar bombas. Depositada la carga delante del Ayuntamiento, la tarde del 20 de julio se confeccionaron botes de metralla y bombas de dinamita que se trasladarían a otras zonas de la localidad y un grupo incluso hizo de avanzadilla por la carretera de Toreno para esperar la llegada de los soldados, aunque no llegaron a usar los explosivos.

Julián Núñez, condenado a doce años de prisión. DL

En la ruta hacia Madrid de los sublevados, primero Villafranca, donde entró el funesto comandante Manso y se detuvo al regidor Antonio Gabelas, después Ponferrada, donde también detendrían y fusilarían ese mismo verano al alcalde Juan García Arias, y finalmente Bembibre cayeron en manos del Ejército rebelde. El minero Antolín Toribio estuvo entre los que huyeron. El alcalde Arturo García se refugió en casa de su vecino José Antonio Arias, donde el 2 de diciembre era detenido, oculto en una cuba vacía. Alguno, como el jornalero Gaspar González Teverga, definido en un informe del sacerdote Ricardo Montiel como «un imbécil» y «un cretino» que solo obedecía órdenes, pero era un peligro social, fueron arrestados muy pronto, el 30 de julio. A otro como el presidente de la Casa del Pueblo, Ramón Marqués, lo dieron en principio por huido, cuando permanecía encamado en su casa, enfermo desde octubre. Muchos de ellos negaron haber participado en la defensa de la República, algunos como el mecánico Manuel López incluso dejó una llave a los presos para que pudieran huir ante la llegada de sindicalistas asturianos, sin que eso le sirviera de nada ante el consejo de guerra. Porque todos, los veinte que figuran en el texto anexo, murieron fusilados —«asesinados», recalca Alejandro Rodríguez— tal día como hoy de hace 82 años.