El juez ve indicios penales en las acusaciones del PB contra el PP en Bembibre

En la querella presentada contra el concejal del Partido del Bierzo Julián García Ferrer, los ediles del gobierno que dirige el popular Jaime González denunciaban un delito de injurias y calumnias. Más de un año después de las controvertidas declaraciones, el titular del Juzgado número 1 de Ponferrada ha admitido la existencia de indicios claros de criminalidad, por lo que continuará la tramitación del expediente. En este punto, los miembros del equipo de gobierno ya han acordado solicitar la inhabilitación permanente de Julián García Ferrer para el ejercicio de cualquier cargo público, amén de las posibles penas privativas de libertad que le correspondieran en el supuesto de resultar condenado. El punto de partida de este caso lo constituyeron unas manifestaciones públicas efectuadas por García Ferrer en las que acusó al equipo de gobierno de acciones como «coacción, corrupción, favoritismo, o cobro de comisiones ilegales». Tras estas graves aseveraciones, los miembros del ejecutivo municipal presentaron de inmediato una querella minal por injurias y calumnias. La querella fue admitida a trámite y dio origen a una serie de diligencias previas que se han desarrollado en el Juzgado número 1. Practicadas estas diligencias previas, el magistrado instructor dictó el 14 de mayo de 2002 un auto en el que se ordenaba continuar con la tramitación de las mismas «por si los hechos imputados a Julián García Ferrer, fueren constitutivos de un delito de injurias y calumnias». Frente a la continuación del procedimiento y la apertura de juicio oral, la defensa de García Ferrer formuló un recurso que fue desestimado por el juez instructor en julio. En dicho auto se subraya que las manifestaciones efectuadas públicamente por García Ferrer «no se justifican ni siquiera por el hecho de actuar en el ámbito político (...) y suponen una clara extralimitación de suficiente entidad como para ser constitutivas de delitos».