Indefensión con gestiones ante la Fiscalía
Un obrero realiza labores en un apartamento ocupado en Venezuela. M. GUTIÉRREZ
«Hemos hecho muchas gestiones ante Fiscalía y organismos de seguridad y ha sido muy difícil restituir el derecho de propiedad porque las leyes no nos apoyan y hay un estado de indefensión», explica a Efe Omar Pérez.
Su familia tiene varios apartamentos en un céntrico edificio que han sido ocupados. De algunos, explica, dejaron de pagar el alquiler, otros fueron invadidos por desconocidos.
Uno de esos apartamentos, comenta, quedó vacío hace ocho años, cuando los arrendatarios se fueron de Venezuela, pero otra familia lo «cuidaba» aunque no vivía allí. Cuando lo supo, puso un candado a la puerta para evitar que aquellas personas que no conocía pudieran acceder a la vivienda de su propiedad.
«Apenas hicimos eso apareció un supuesto movimiento de inquilinos liderado por (el entonces candidato a diputado por el oficialismo) Rigel Sergent (...) y ese grupo de personas, junto con otras personas del movimiento de inquilinos y otras personas del edificio procedieron a reventar las puertas del apartamento y las destruyeron», explica.
En ese caso y tras una disputa judicial consiguió que no entraran a su vivienda, algo que no logró en los otros apartamentos, de los que sigue pagando el mantenimiento para evitar una expropiación legal y advierte: «Sencillamente, me voy a arruinar».
El riesgo de perderlo todo, como Orencio Mariñas, de arruinarse. Son dos casos entre muchos de propietarios de talleres o viviendas que temen que el nuevo Parlamento extienda las redes de la ocupación en toda Venezuela y sean todavía más quienes se queden sin nada