El Palacio de Justicia se blinda contra el caos por la separación de los juzgados

El Consejo de Ministros aprobó, a mediados de noviembre, la separación de jurisdicciones en el Palacio de Justicia de Ponferrada. Ello implica que, a partir del 1 de enero, de los ocho juzgados hasta ahora mixtos, cinco pasarán a ser de Primera Instancia y tendrán competencias exclusivas en materia civil, y habrá tres de Instrucción para investigación criminal. Todo ello conlleva un cambio en la organización de los juzgados y del sistema informático que lleva semanas gestándose. El Palacio de Justicia ponferradino se ha blindado para evitar la parálisis y poder hacer frente a cualquier disfunción, especialmente durante la primera semana del año. Refuerzo de personal, modificación de los calendarios de prestación del Juzgado de Guardia y racionalización del uso de la sala de vistas son algunas de las medidas aplicadas para evitar cualquier tipo de caos derivado, principalmente, de problemas informáticos.

«Este proceso afecta a la organización de los juzgados. Hay que modificar y adaptar todas las aplicaciones informáticas y la herramienta de registro y reparto de asuntos, que es lo más importante. También ha habido que modificar calendarios y otro gran cambio ha sido el del personal, porque ha habido que readjudicar a las letradas de la Administración de Justicia y se ha producido un acople de funcionarios que han pasado a un sitio y a otro», explicó el juez decano, Óscar Hernáiz.

Los primeros días serán los más críticos por la envergadura del cambio y para evitar que eso afecte a la vida diaria de los juzgados, el personal de informática estará presencialmente y «de manera permanente» en el Palacio de Justicia, por si «surgiera alguna incidencia tanto de personal como informática», apuntó Hernáiz. También estará el director del Servicio Común General, por si se produce algún fallo en las herramientas de registro y reparto. En este caso, él mismo se encargaría de hacerlas de forma manual. «Sería como lo hacíamos antes, el reparto con sorteo y adjudicación manual», afirmó el juez decano. Igualmente, pendiente de cualquier contratiempo estará también el secretario coordinador provincial.

«Confiamos en que con todas estas medidas no haya ninguna incidencia. Las que podemos pensar que serán previsibles son las informáticas, porque no dependen de nosotros, sino del Ministerio de Justicia. No obstante, si el día 1 de enero, cuando arranquemos, no tenemos en pantalla la nueva configuración de trabajo, no va a haber paralización. Los juzgados seguirían operando con los sistemas operativos antiguos y lo único que no tendríamos es la nomenclatura nueva, pero seguiríamos tramitando los procedimientos que ya están y todo lo nuevo que entre con base a la nomenclatura antigua», aclaró Óscar Hernáiz.

Para el decano de los jueces, «lo más grave que puede pasar» a partir del próximo domingo es que «no funcione el sistema de reparto y registro, es decir, que no pudiéramos repartir y registrar en los juzgados todo el papel que nos entre por no funcionar la aplicación». Por eso, para evitarlo, estará activo el director del Servicio Común General. Además, ya se ha previsto a nivel general que durante el período navideño, hasta después de Reyes, no corren los plazos procesales, por lo que «eso nos da colchón si se produce alguna incidencia hasta pasado Reyes para arreglarlo». La carga real entrará en los juzgados a partir del día 7 de enero.

«El trabajo que se ha hecho en Ponferrada es bueno. Hemos contemplado todos los escenarios y tomado todas las medidas a nuestro alcance para evitar la parálisis. No va a haber ningún tipo de problema en la atención a los ciudadanos ni en el trabajo de lo profesionales. Algo caótico, no», defendió Hernáiz.

En el Palacio de Justicia trabajan 177 personas, pero no todas se verán afectadas por los cambios, sino las que trabajan en los ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Son 32 funcionarios, cuatro letrados y ocho jueces. Además, de manera indirecta, el cambio también se notará en los servicios comunes (de ejecución y común general de registro y reparto). No obstante, «estos funcionan de manera autónoma y, por lo tanto, no van a tener ningún tipo de disfunción pase lo que pase en los juzgados», argumentó el decano.