Ponferrada y Gijón encabezan la revuelta de alcaldes contra la Zona de Bajas Emisiones
-La nueva regidora de Foro no implantará restricciones y se espera que más ciudades se sumen
Una de las calles donde hay instalada una cámara por la ZBE. ANA F. BARREDO
Ponferrada no está ya sola en su batalla por revisar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En Gijón, donde los tribunales tumbaron la ordenanza de la anterior alcaldesa socialista, la nueva regidora, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, ya ha dicho que no implantará ninguna ZBE donde se limite el acceso, la circulación y el estacionamiento «hasta la fecha que sea obligatorio hacerlo», según consta en su pacto con PP y Vox.
En su primera entrevista a Diario de León tras ser elegido alcalde, Marco Morala, ya dijo el sábado que en Ponferrada se planteará una moratoria hasta 2026 sobre los planes de Olegario Ramón, que no pudo aprobar la ordenanza por falta de respaldo suficiente —CB le negó el voto a favor—, e incluso un cambio de la zona.
Las ZBE son obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes por la Ley de Cambio Climático de Pedro Sánchez y la normativa europea. «Vamos sentarnos con vecinos, operadores económicos, sindicatos, taxistas, comerciantes, autónomos... y desde el diálogo, vamos a consensuar dónde implementar esa zona de bajas emisiones, qué nivel de restricciones, qué limitaciones a la movilidad y la extensión de la misma», explicó Morala. Una postura ratificada ahora por el acuerdo entre PP y CB para gobernar Ponferrada, donde se pone como primer compromiso «abrir un diálogo con todos los sectores afectados en el municipio y no aplicar la actual Zona de Bajas Emisiones».
Lo cierto es que en los próximos días van a ir apareciendo nuevas ciudades que piden cambios en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones por el efecto sobre el comercio. En el caso de Ponferrada, el alcalde saliente, el socialista Olegario Ramón, no incluyó informes sobre las consecuencias económicas para el sector pese a implantar la ZBE a 800 metros de un centro comercial como El Rosal.
Morala, en la misma entrevista, explicó que lo primer primero será estudiar el expediente, que no se le facilitó cuando era oposición.
En Gijón, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón cuando estaba en la oposición.
Elaborado por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, que ya había logrado anteriormente la suspensión de Madrid Central, el fallo propinó un severo reproche a la forma en que el Ayuntamiento gijonés había procedido a la hora de aprobar la ordenanza municipal, ya que la ausencia de memoria económica impide conocer el impacto presupuestario que supondría la aplicación de la ordenanza. Dicha ausencia de memoria económica era uno de los principales argumentos del recurso.
El Ayuntamiento de Gijón pretendió salvar este requisito (el de la memoria económica) mediante la aportación de un escueto informe firmado por el Director General de Medio Ambiente y Movilidad y el Jefe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial, de los que “se desconoce su formación, titulación y cualificación profesional para poder emitir un dictamen técnico de tal naturaleza y sin reflejar unas previsiones de impacto económico y presupuestario presentes y futuras de mínimo rigor”.
Del mismo modo, el tribunal puso de relieve que la ordenanza municipal suponía una clara afectación a la competencia y al mercado ya que no se evaluaba el efecto de las medidas en el transporte y en el ámbito de los profesionales que utilizan los vehículos en motor, «y sin que se haya acreditado que se hayan aplicado las medidas menos restrictivas ya que tampoco se ha motivado su necesidad para la protección del interés público».
El TSJ de Asturias se hizo eco de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el caso Madrid Central, ya que existen claros paralelismos entre las dos ordenanzas municipales recurridas por Dvuelta. Llegando a la conclusión de que ninguno de los informes aportados por la corporación municipal alcanza la categoría de informe económico justificativo de la aprobación de una ordenanza tan relevante desde el punto de vista económico.
Ciudades como Vitoria o Fuenlabrada ya plantearon moratorias antes de las municipales.