Lillo y Otero luchan por suelo que les fue expropiado ante un proyecto solar

Tuvieron que ceder sus tierras «bajo amenaza de expropiación» cuando el carbón todavía era un recurso nacional estratégico y debía garantizarse su extracción. Eso fue en los años 90 y en el contrato quedó firmado el derecho de reversión. Por eso, los vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes (Fabero) exigen recuperar lo que fue suyo en la Gran Corta faberense antes de que se instale ahí un parque fotovoltaico de diez megavatios. La Distribuidora Eléctrica del Sil S.L. (parte del grupo empresarial de Victorino Alonso) está detrás del proyecto que ya ha salido a información pública en pleno proceso de solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de las infraestructuras de evacuación.

Los vecinos afectados ya han presentado alegaciones, planteando que parte de las infraestructuras de este parque solar atraviesan fincas y terrenos propiedad de los interesados. Suyos porque ya no se extrae carbón y porque han pasado los 25 años establecidos en el contrato de expropiación.

«Nos vimos obligados a vender nuestras tierras y prados bajo amenaza de expropiación. De hecho, en los casos en los que los vecinos se negaron a vender los suyos, la expropiación fue ejecutada», relatan los afectados, incidiendo en la cláusula de reversión una vez transcurridos 25 años. «Estas empresas compraron el terreno para extraer carbón con la condición de que, una vez extraído, los acondicionarían y revertirían a sus dueños, de manera que pudieran volver a ser utilizados para las mismas labores a que estuvieron dedicados anteriormente, es decir, monte común, cultivo de cereales, pastos, etcétera», explican los vecinos de estadas dos pedanías de Fabero.

El plazo establecido en el contrato de expropiación ya ha pasado y el carbón forma parte de la historia de la cuenca. Así que los afectados hacen valer sus derechos y se ponen por delante de cualquier iniciativa empresarial para destinar ahora esos terrenos a la producción energética a partir de placas fotovoltaicas.

«Las fincas y terrenos afectados por esta cláusula son de propiedad particular y de las juntas vecinales de ambos pueblos, por lo que no se pueden realizar dichas infraestructuras sin que se cumpla lo establecido en el contrato. Estos terreno deben revertir a sus anteriores propietarios y son estos los que, en todo caso, deben dar el consentimiento o la autorización para realizar dichas instalaciones», defienden, exigiendo que «se frene el expolio».

El parque solar proyectado conllevaría una inversión de algo más de 230.000 euros y la línea de evacuación subterránea proyectada tiene una longitud de 775 metros.