Le rebajan la pena por corrupción de menores por demorarse el juicio 10 años

La Audiencia Provincial ha rebajado de 29 meses a solamente diez la pena impuesta a un berciano, condenado por corrupción de menores, al entender que se produjeron dilaciones indebidas en el procedimiento, cuyas diligencias comenzaron antes de que se decretara el confinamiento pero que se agravaron después por causas ajenas a la pandemia.

«Las actuaciones se iniciaron en noviembre de 2011 y la vista oral se celebró en noviembre de 2022, y, si bien es cierto que el procedimiento fue complejo, con diligencias instructoras que se dilataron mucho en el tiempo por las propias características de las mismas, a lo que se han de añadir las consecuencias procesales derivadas del estado de alarma decretado, no lo es menos que se ha producido una duración y unas paralizaciones importantes no achacables a las partes sino a los órganos judiciales», dice la Sección Tercera.

Así las cosas, «el recorrido punitivo del tipo delictivo por el que viene condenado el acusado, con la rebaja de un grado, quedaría delimitado entre seis meses y un año de prisión».

A mediados del año 2010 el acusado, haciéndose pasar por una chica inexistente de 19 de años de edad entabló contacto a través de la aplicación de mensajería Messenger con la víctima, un varón de 16 años de edad, consiguiendo, con el engaño de que pretendía mantener una relación de noviazgo con él, que el menor grabara con su teléfono móvil un vídeo de contenido sexual explícito en el que era perfectamente reconocible y aparecía en su cuarto desnudo y mostrando sus genitales al tiempo que se masturbaba, lamía su rodilla y estimulaba su ano con los dedos, vídeo que le fue enviado por el menor procediendo el acusado a difundirlo por internet, lo que permitió que fuera accesible para cualquiera, siendo visualizado por personas que conocían al menor y compartido por alguna de ellas con ánimo de vejarlo y ridiculizarlo, habiendo tenido el menor posteriormente conocimiento de todo ello.

Durante la tramitación de la instrucción se han producido dilaciones injustificadas no imputables a el acusado o al obrar procesal de su defensa, permaneciendo paralizada la causa durante casi un año desde el 24 de junio de 2013 y hasta el 16 de junio de 2014, volviendo a quedar paralizada durante cinco meses desde el 21 de mayo de 2015 y hasta el 13 de octubre de ese mismo año y durante once meses más desde el 30 de marzo de 2016 y el dictado del auto de continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado el 23 de febrero de 2017, dictándose el auto de apertura de juicio oral el 18 de febrero de 2019 tras la resolución de los recursos planteados por la defensa del sospechoso.

La causa fue remitida al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento el 2 de julio de 2019, dictándose el 11 de septiembre de 2019 el auto de incoación y admisión de prueba, señalándose inicialmente la celebración del juicio para el 24 de febrero de 2020, aplazándose esta vista al 25 de marzo de ese mismo año para que la defensa y el Ministerio Fiscal alcanzaran un posible acuerdo de conformidad, no pudiendo celebrarse la vista proyectada debido a la suspensión de toda actividad judicial decretada por el estado de alarma sanitaria decretada a raíz de la pandemia, «volviendo a derivarse la causa al programa de conformidades de la Fiscalía de Área de Ponferrada en junio de 2020 y celebrándose vista el 27 de julio de 2020 sin que se alcanzara un acuerdo, señalándose nuevamente juicio para el 19 de marzo de 2021, vista que tuvo que suspenderse ante la falta de citación personal del acusado, al no ser hallado, provocando esta dificultad para localizarle pese a las diligencias acordadas por el juzgado que se produjeran nuevas suspensiones el 28 de junio y el 21 de diciembre de 2021, celebrándose finalmente el juicio el 14 de noviembre de 2022», dice el fallo.