El Procurador pide acción al Consejo Comarcal para eliminar todo el amianto del Bierzo
Insta a la institución berciana a prestar apoyo técnico, jurídico y económico a los municipios pequeños que no pueden asumir la labor, obligada por la legislación, debido a la falta de medios y recursos
Un tejado de uralita, en una imagen de archivo.
El Procurador del Común de Castilla y León continúa con su cruzada particular para que todos los municipios de la Comunidad apliquen la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en 2022, que obliga a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario de planificación de su retirada con fecha límite —en los casos con mayor riesgo y los que impliquen exposición de población vulnerable, como centros educativos, sanitarios o deportivos— en 2028. Ha actuado de oficio en varias ocasiones ante ayuntamientos y diputaciones provinciales y ahora llama también la atención del Consejo Comarcal del Bierzo, al que emplaza a prestar apoyo y asesoramiento técnico a los municipios de menor tamaño que pueden verse limitados para cumplir en tiempo y forma con lo que establece la normativa.
«Los municipios de menor tamaño pueden carecer de medios técnicos y humanos suficientes para abordar con eficacia esta tarea», apunta el Procurador del Común en una resolución en la que también da cuenta de que los censos de amianto ya deberían haber estado realizados en abril de 2023; sin embargo, no ha sido así en todas las entidades locales. De ahí, la necesidad de que entes supramunicipales, como la Diputación Provincial y el propio Consejo Comarcal, auxilien a los pequeños municipios que puedan tener dificultades —como así o han manifestado en algunos casos— para acometer las labores referidas.
«Sin perjuicio de las actuaciones que lleve a cabo la Diputación de León y puesto que la gran mayoría de las entidades locales del Bierzo tienen menos de 5.000 habitantes y posiblemente cuenten con limitados recursos técnicos y financieros; entendemos que el papel del Consejo Comarcal, en su función de apoyo a los municipios, puede ser de utilidad para favorecer el cumplimiento de las exigencias que prevé la normativa, tanto mediante el asesoramiento jurídico y técnico, como a través de la difusión de orientaciones al respecto, así como contribuir a la canalización de ayudas económicas para asegurar la eliminación total de este material en todos los municipios de la comarca», recoge la reciente resolución del Procurador del Común.
Lo que el órgano encargado de velar por los intereses de los ciudadanos en Castilla y León pide a la institución comarca es que «estudie la viabilidad de incluir actuaciones relacionadas con la localización, evaluación y retirada de materiales con amianto entre sus líneas de apoyo técnico o económico a los pequeños municipios» a los que ya asisten en otras tareas y gestiones, «impulsando fórmulas de cooperación con la Diputación de León y otras administraciones públicas para contribuir a la eliminación progresiva de este material peligroso».
La identificación y evaluación del amianto —reconoce el Procurador del común— es una tarea técnica compleja y las administraciones deben velar porque esta tarea la realice «personal cualificado, conforme a las disposiciones legales aplicables, asegurando la fiabilidad de los datos y la seguridad en las actuaciones». Algo que en el caso de los ayuntamientos de municipios de pequeño tamaño resulta complicado por la falta de medios humanos y técnicos de los que sí disponen las entidades supramunicipales a las que hace alusión y las que insta a que se impliquen en el proceso.
Apoyo para acabar con las fugas de agua potable
Como se ha pronunciado en el caso del amianto, el Procurador del Común ha hecho lo mismo con las redes de abastecimiento de agua potable y emplaza al Consejo Comarcal a que apoye técnica, económica y jurídicamente a los pequeños ayuntamientos para que puedan controlar las fugas y problemas para garantizar una adecuada gestión del servicio (algo que afecta a todos los pueblos de León). «Todos los Ayuntamientos deben realizar evaluaciones de fugas estructurales en las redes de distribución y esta tarea exige determinadas capacidades técnicas, organizativas y materiales que algunos municipios de la comarca es posible que no puedan afrontar en solitario», recoge la resolución.
El Procurador determina que el Consejo no solo debe prestar asistencia para evaluar las fugas de agua, sino que también debe colaborar, si fuera necesario, en la elaboración de protocolos tipo, guías prácticas u otras herramientas que permitan a las entidades locales cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa.